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Lanza oposición en San Lázaro Contrareforma educativa

Las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, presentarán su propuesta de reforma a los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución en materia educativa.

La contrareforma que prevé hacer frente a la contrareforma a su vez propuesta por el Ejecutivo Federal en materia educativa, tiene como fin incorporar nuevos componentes que permitan mejorar la educación en México y perfeccionar el texto de la ley vigente.

Indica que se mantiene la autonomía universitaria, se eliminará el carácter punitivo de la evaluación y sustituye al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) por un Centro autónomo, cuya operación será técnica y sin tintes políticos.

Establece que ningún interés estará por encima del derecho a la educación, lo que representa un candado ante las acciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

El texto publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara, comparte con la propuesta del Ejecutivo Federal, el interés de reconocer a las y los educandos como el eje central del sistema educativo.

Enfatiza que ningún interés podrá estar por encima del pleno ejercicio del derecho a la educación o impedir el acceso y permanencia en los servicios educativos prestados o autorizados por el Estado.

Este elemento representa una especie de candado en las acciones de grupos como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Para mejorar la ley vigente, señala que deberá tener carácter pedagógico y no laboral.

Prevé eliminar los efectos de la evaluación sobre la permanencia en el servicio docente, aunado a que garantiza el acceso a un sistema permanente de actualización y formación continua a los profesores para cumplir los objetivos del Sistema Educativo Nacional.

Para corregir algunos aspectos relativos a la evaluación docente, en particular en el elemento del desempeño, pide desligarla de la permanencia.

Ese aspecto fue identificado como punitivo por los docentes del país. Plantea la creación de la figura del Servicio para el Desarrollo Magisterial, cuyo fin es mejorar las condiciones en que el docente desarrollo su trabajo, fortalecer la carrera como profesional autónomo y ampliar sus oportunidades de formación de acuerdo a su contexto y necesidades particulares.

Contempla mantener puntos de la ley vigente, como la rectoría del Estado en el tema educativo; que la calidad será un aspecto inherente al derecho a la educación; que el mérito debe ser el principio rector para el ingreso y el desarrollo de la carrera docente; la autonomía universitaria; la educación inicial; y la permanencia de un organismo autónomo en materia de evaluación educativa.

Para ello, propone sustituir al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), con el Centro Nacional para la Mejora Continua de la Educación, que tendrá una actuación técnica y sin criterios políticos.

Esa instancia institucionalizará las herramientas para que el Estado robustezca sus funciones evaluadoras y reguladoras de la educación; y generará los insumos necesarios para que las políticas educativas sean más inclusivas y equitativas.

El Centro contará con plena autonomía constitucional, y tendrá la capacidad de coordinarse con la Secretaría de Educación Pública (SEP), autoridades educativas locales, el magisterio, padres de familia, organizaciones sociales, medios de comunicación, organismos internacionales y los otros poderes de la Unión.

Realizará estudios, mediciones e investigaciones especializadas para mejorar el sistema educativo, aunado a que determinará los estándares e indicadores de resultados educativos.

También emitirá recomendaciones de política educativa asociadas a la formación y mejora permanente del magisterio, de las escuelas y el desempeño escolar, la operación del sistema educativo y sobre el diseño e implementación de dispositivos de evaluación en el aula y mecanismos de capacitación que promuevan la formación del docente.

Al igual que la iniciativa del Ejecutivo Federal, reconoce a los docentes como agentes primordiales en la calidad y la transformación de la educación.

Reconoce también el carácter local, contextual y situacional del proceso educativo. Indica que toda la educación impartida por el Estado deberá basarse en un enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva.

Añade que serán principios y propósitos de la educación la inclusión, la interculturalidad, la equidad y el desarrollo sostenible. Prevé incorporar consejos consultivos en materia educativa, como una expresión de participación social en la materia.

Establece expresamente la obligatoriedad de impartir educación superior, para lo cual el Estado debe implementar medidas para promover el acceso de las personas que deciden ingresar a ese nivel educativo; así como generar las condiciones que contribuyan a su continuidad y permanencia.

Reconoce el derecho a la ciencia y a gozar de los beneficios del desarrollo científico y sus aplicaciones.

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