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Necesario establecer una Ley de Austeridad Republicana y acabar con la austeridad

Ciudad de México a 02 de Febrero (AMPRYT/CÍRCULO DIGITAL).-La grave crisis económica por la que atraviesa México, con el desmedido aumento de la pobreza y de la corrupción del régimen político, mantiene vigente la propuesta de Morena para establecer una Ley de Austeridad Republicana e intensificar los procesos para lograr una vida pública libre de ese flagelo, se desprende de la Agenda Legislativa de este partido para el último Periodo de Sesiones Ordinarias de la actual LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados.

De acuerdo con dicho documento –que contempla 10 puntos prioritarios–, a partir del primero de febrero los diputados federales de Morena impulsarán nuevamente la aprobación de la citada ley, con el fin de obligar a los Poderes de la Unión, órganos autónomos y demás entes federales a acatar principios estrictos y reglas claras de austeridad presupuestal.

“Nuestra propuesta consiste en aplicar, desde la ley, una política de austeridad con la que se puedan recuperar recursos crecientes para enfrentar el actual déficit público y destinar más recursos a la inversión en infraestructura que urge en el país”.

En el punto 1 “Política de Austeridad Republicana”, urgen a eliminar toda clase de bonos, prestaciones y privilegios que actualmente reciben los altos servidores públicos, pues resultan inaceptables ante los marcados contrastes entre los ingresos de éstos y los de la mayoría de la población.

“Dentro de un régimen de austeridad republicana se eliminarán los sueldos millonarios de gobernantes, funcionarios, ministros, magistrados, jueces y legisladores, así como la supresión de las pensiones vitalicias de los expresidentes de la República”.

Asimismo, y tras la devastación que provocaron los sismos de septiembre de 2017 en varios estados de la República y la Ciudad de México, los integrantes del Grupo Parlamentario de Morena resaltan la urgencia de sacar adelante su iniciativa de Ley para Atender la Reconstrucción y la Emergencia Nacional, encaminada a que el Estado mexicano responda eficazmente a la reparación del daño y necesidades de la población damnificada.

“Se propone establecer un Fondo para la Reconstrucción y Atención a la Población, encabezado por un comité multisectorial que deberá decidir la asignación de los recursos a los mejores fines de gasto y proyectos”.

En su documento, destacan la necesidad de que ambas iniciativas sean dictaminadas durante el Periodo Ordinario de Sesiones que arrancó el 1° de febrero, ante la deteriorada situación económica del país y los insuficientes recursos asignados a la reconstrucción dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018.

Por otra parte, dentro del punto 3 “Por una vida pública sin corrupción y con transparencia”, los legisladores federales de Morena consideran que se requiere de instituciones independientes capaces de desmantelar las redes de complicidades creadas dentro del poder público por altos funcionarios, incluidos los presidentes de la República en turno.

“Los problemas en el arranque del Sistema Nacional Anticorrupción y la falta del nombramiento de piezas fundamentales para su adecuado funcionamiento, así como el retraso en la integración de los sistemas estatales, dejan ver las enormes resistencias que existen para ir a fondo en el combate a la corrupción”.

Derivado de ello, señalan que se mantendrán vigilantes del funcionamiento del SNA e insistirán en la aprobación de su iniciativa de reforma al Artículo 108 Constitucional, para que el Presidente de la República esté sujeto a los delitos y hechos de corrupción como cualquier otro servidor.

También para constituir una Comisión de la Verdad encargada de investigar los actos y omisiones de corrupción del Jefe del Ejecutivo Federal y de los expresidentes, así como de los empresarios nacionales y extranjeros vinculados con dichos actos.

En su Agenda Legislativa, los integrantes de la bancada de Morena externan su compromiso para que las comisiones legislativas respectivas investiguen los casos de conflicto de interés y corrupción de funcionarios ligados a empresas como el Grupo HIGA, OHL y Odebrecht.

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