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Otorgar apoyo económico a quienes hayan perdido sus ingresos por la pandemia: Laura Rojas

A través de un Punto de Acuerdo, la vicepresidenta de la Comisión Permanente, diputada Laura Angélica Rojas Hernández exhorta al Ejecutivo federal para que considere como medida un Ingreso Mínimo Vital temporal y no condicionado, para las personas que tendrán una disminución de sus ingresos por la emergencia sanitaria por COVID-19.

Al participar en la sesión a distancia de la Comisión Permanente precisó que el exhorto plantea que el Ejecutivo contemple un apoyo de 3 mil 746 pesos, por un mínimo de tres meses, a todas las personas que hayan perdido sus ingresos por la pandemia.

La legisladora de Acción Nacional, subrayó que la emergencia sanitaria por la pandemia requiere una respuesta extraordinaria, rápida y contundente, no sólo en el ámbito sanitario, sino en el económico.

Comentó que las medidas de distanciamiento social han generado una enorme disminución de la actividad productiva, reducción de la inversión privada y las remesas, así como la contracción del consumo, que continuará varios meses más después de la reactivación económica.

Precisó que el Instituto Mexicano del Seguro Social reportó la pérdida de 685 mil 840 empleos entre marzo y abril, sólo del sector formal. El cierre de 4 mil 285 empresas y una caída del ingreso per cápita, que sumando a quienes han perdido sus ingresos en el sector informal, no tiene precedentes.

Por su parte, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) estimó que la pobreza por ingresos se incrementará entre seis y 10 millones de personas en 2020.

Por eso, dijo, gobiernos como el de la Ciudad de México, Querétaro y Yucatán, ya otorgan apoyos temporales a un número determinado de personas que han perdido su empleo; sin embargo, en la mayor parte del país, quienes pierden sus ingresos están desamparados.

Aseguró que los gobiernos locales, estatales y federal hacen esfuerzos para detener la pérdida de empleos y mitigar los efectos de la pandemia, pero hay que reconocer que se necesita hacer más.

El punto de acuerdo, turnado a la Tercera Comisión de la Permanente, dijo, está respaldado por más de 120 legisladoras y legisladores de seis diferentes grupos parlamentarios, entre los que están Lorena Villavicencio Ayala, Martha Tagle Martínez, Verónica Juárez Piña y el diputado Porfirio Muñoz Ledo.

“Estamos convencidos de que este apoyo no riñe con los actuales programas sociales del gobierno federal, sino que los complementa y pone en la mesa la reflexión sobre la responsabilidad del Estado, de otorgar lo mínimo indispensable para la supervivencia a todas y todos los mexicanos”.

La diputada Laura Rojas mencionó que de manera complementaria con las medidas económicas para apoyar a las empresas en la retención de su personal, en todo el mundo, las transferencias monetarias directas han sido la respuesta más común, fácil de implementar y efectiva ante la emergencia, especialmente en países como el nuestro, que no tienen un sistema de seguridad social que por sí sólo garantice a las personas un nivel mínimo de ingreso y salud.

En América Latina, puntualizó, varios países han impulsado ingresos extraordinarios: Ingreso de Emergencia Familiar, en Argentina; Seguro de Desempleo Temporal, en Belice; Transferencia Monetaria de Emergencia, en Brasil; Transferencia Monetaria para el Sector Informal, en Chile; Ingreso Solidario, en Colombia; Transferencias Monetarias de Emergencia, en Costa Rica, y Transferencias para Trabajadores Informales, en Ecuador.

Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) presentó su informe “El desafío social en tiempos de COVID-19”, en el que propone que los gobiernos garanticen transferencias monetarias temporales, para satisfacer las necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares, para enfrentar los impactos socioeconómicos de la crisis, lo cual es crucial para lograr una reactivación sólida y rápida.

Para estimar el costo de esas transferencias, la Cepal plantea que su duración sea entre tres y 12 meses para cada persona y por un equivalente a una línea de pobreza extrema, que representa el costo de una canasta básica de alimentos o a una línea de pobreza que permite cubrir otras necesidades básicas.

Rojas anunció que próximamente se presentará una iniciativa para establecer el Ingreso Mínimo Vital como un derecho de todas y todos, y para que más allá de la emergencia que hoy enfrentamos, quede plasmado en la Constitución; la propuesta complementará una promovida por Movimiento Ciudadano, agregó.

“Ojalá muchos legisladores se sumen. Otorgar el Ingreso Mínimo Vital es urgente y de elemental humanidad”, apuntó.

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