La iniciativa de reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, trae desventajas que pueden significar efectos negativos en las plantas productivas del país, señala la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA)
Agrega que uno estos puntos negativos son que no van acorde con los compromisos internacionales suscritos por México en acuerdos como el Tratado México Estados Unidos Canadá (T-MEC) y el Acuerdo de París.
Agregó que, en el esquema de generación de electricidad propuesto, donde la Comisión Federal de Electricidad (CFE) generará por los menos un 54% de la energía eléctrica y las empresas privadas el porcentaje restante, preocupa no haber financiamiento disponible, ni infraestructura y generación de energía eléctrica limpia que permitan atender el incremento en la demanda en el futuro.
Esto traería la falta de generación eléctrica necesaria para el sector productivo, afirma que de enero a septiembre de 2021 se produjeron 244.8 Tera Watts hora, de los cuales la CFE generó 98.6 Tera Watts hora (40%) y los privados 146 Tera Watts hora (60%).
Esto provoca la incertidumbre de done sacaran los recursos para que la CFE pueda desarrollar el 14% para alcanzar el 54% del total que establece esta reforma.
La AMIA considera también la capacidad limitada de fuentes renovables con la que cuenta la CFE, se estima que, para alcanzar la proporción en la generación de electricidad, tendría que usar combustibles fósiles. “Lo cual podría incrementar el costo de la electricidad hasta en un 31%”.
Además, esto podría tener un impacto negativo en la promoción de fuentes de generación de energías renovables y un incremento estimado en las emisiones de bióxido de carbono de 32%.
Respecto a los precios que se ofertarían, la AMIA apunta que en 2021, el precio promedio de la electricidad que vendía la CFE en Media Tensión estuvo en 1.22 pesos por kilowatt hora y los privados ofrecieron un precio promedio de 0.42 pesos por kilowatt hora
Además, eliminar los Certificados de Energías Limpias impediría a las automotrices acreditar el uso de energías renovables, lo cual, a su vez, repercutiría en el cumplimiento de las obligaciones país de los corporativos y las contribuciones país en torno a los compromisos de descarbonización derivados de los acuerdos internacionales suscritos por México, como el Acuerdo de París, la Agenda 2030 y la COP 26.
“La apuesta por energías menos limpias y más caras impactaría negativamente en la competitividad de México, lo cual podría desincentivar inversiones futuras y redirigirlas a otros países”, indicó José Zozaya, presidente de la AMIA. Al no promover energías renovables, las exportaciones de vehículos podrían estar sujetas a represalias comerciales, como impuestos al carbono a manufacturas, haciendo menos atractivo a México como destino de inversiones y afectando la generación de empleos.
Por lo tanto, aseveró, la reforma eléctrica presenta un riesgo para las automotrices asociadas a la AMIA en el cumplimiento de sus visiones y compromisos de descarbonización y sustentabilidad.
“Celebramos el compromiso del Estado en mejorar y adaptarse a las necesidades de la ciudadanía. Sin embargo, rechazamos por las razones antes expuestas la iniciativa de reforma constitucional en cuestión y solicitamos a las autoridades considerar los efectos negativos que ésta traería al medio ambiente, la inversión y por ende, a México”, concluyo la AMIA
