En la Cámara de Diputados, el décimo foro del parlamento abierto de la reforma eléctrica propuesta por el Presidente de la República, se convirtió en un ring de confrontación directa, acusaciones mutuas y retos lanzados entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Siempre a la defensiva y retador con la representación empresarial y con los legisladores de oposición, a los que calificó de defensores de privilegios y del empresariado, el director de CFE Energía y CFE Internacional, Miguel Reyes, dijo que los inversionistas mienten.
Afirmó que de la presunta inversión de aproximadamente 44 mil millones de dólares que dicen haber hecho a partir de la reforma del 2013, en los hechos sólo han aportado 11 mil millones de dólares, y el resto, lo cubrieron con apalancamiento de la banca de desarrollo, las Afores y la banca comercial.
No hay cumplido con la ley, se benefician y sabotean a CFE con contratos “leoninos” y en el fondo quieren la desaparición de la empresa productiva, advirtió.
“De repente dan cifras de 50 mil millones, en otra ocasión de 44 mil millones de dólares. Realmente lo que han invertido son 11 mil millones de dólares porque buena parte de las inversiones que tienen ellos, las han financiado los mexicanos a través de sus ahorros en las Afores”, reiteró.
Al contrastar cifras sobre el monto de la inversión privada en electricidad, a partir de las reglas establecidas en la reforma de 2013, y disposiciones implementadas en sexenios anteriores, el representante de CFE insistió en que el empresariado miente.
La “élite de empresas” del sector acceden a subsidios del Gobierno Federal a través de figuras ilegales y “tramposas” como los “productores independientes” y de autoabasto, no pagan a la Comisión por el servicio de transmisión, cubren tarifas más bajas a productores que van de 60 centavos a 1.5 pesos por kilowatt, arremetió.
Al reiterar que ante esa competencia desleal el Ejecutivo propone eliminar el sistema tarifario irregular para establecer una tarifa única, dar marcha atrás a subsidios regresivos a las empresas, desaparecer los “autoabastos” ilegales y modificar las reglas del mercado.
En las actuales condiciones, aseveró, CFE tiene solo 10 por ciento de rentabilidad y los privados, de más del 70 por ciento, en un mercado de más de 300 mil millones de pesos.
Le quitan a la empresa, insistió, la posibilidad de ganar 150 mil millones de pesos al año, que sumados, podrían llegar hasta una cifra de 800 mil millones de pesos rumbo al 2024.
En defensa de las cuentas oficiales, retó al presidente del Consejo Coordinador a renunciar a su puesto.
“Reto al señor Carlos Salazar a que si los datos que les hemos presentado aquí no son correctos, presento mi renuncia. Y esperaría que él presente la suya al Consejo Coordinador Empresarial, si sus cifras son reales, si no son reales, que la presente, si son mentiras, que renuncie”, lanzó.
“El reto me parece totalmente inadecuado, porque me parece casi de joven en la escuela que, te digo ahí a la salida nos vemos y a ver si quién es más”, reviró Salazar Lomelí, quien insistió en negar que los inversionistas estén despojando de ganancias a la empresa del Estado y en pedir a los diputados federales que “no se dejen engañar”.
El presidente del CCE, Carlos Salazar, negó que los empresarios estén contra la CFE, que busquen la destrucción de la empresa, que pretendan su desmantelamiento y que violen la ley con su operación en el sector, ya que los contratos y permisos que ostentan, hasta el momento son legales.
Fue claro en señalar que la reforma propuesta por el Ejecutivo Federal significará regresar a un modelo energético propio de la década de 1960, cuando las condiciones del país eran distintas, no había competencia en la materia y el Estado tenía el monopolio de la generación, distribución y transmisión de la electricidad.
Para regular el mercado eléctrico y la operación de los inversionistas, no se necesita una reforma constitucional, sino probablemente ajustes a leyes secundarias y que el Gobierno Federal y empresarios encuentren soluciones a problemas. Si alguna empresa ha incurrido en irregularidades, que se le sancione, dijo.
A raíz de las intervenciones y el tono utilizado por el funcionario de CFE, que enfiló señalamientos hacia los congresistas de oposición a quienes llamó “defensores” de la oligarquía y de intereses privados, en particular integrantes de las bancadas del PRD y del PAN, exigieron respeto.
El coordinador del Sol Azteca, Luis Espinosa Cházaro y su compañero de bancada, Mauricio Prieto, demandaron a Reyes Hernández dejar a un lado los “regaños” y acusaciones de representar a intereses privados.
En respuesta, el funcionario les dijo que no representan a la ciudadanía, que seguramente no los conoce, y también, que desconocen la historia del país y las razones por las cuales, desde 1938 el entonces Presidente Lázaro Cárdenas llevó a cabo la Expropiación Petrolera.
