La Secretaría de la Contraloría General investiga a funcionarios de la alcaldía Benito Juárez, a cargo del panista Santiago Taboada, por presuntas irregularidades en el ejercicio del presupuesto participativo el año pasado.
Luego de que el Congreso capitalino exhortó a atender las demandas de los vecinos, la dependencia abrió el expediente número OIC/BJ/D/362/2021, a partir de las quejas que expresaron habitantes sobre que la dependencia optó por realizar adjudicaciones directas en lugar de licitaciones para contratar servicios u obras de los proyectos ganadores.
Se denunciaron presión de funcionarios adscritos a la Dirección General de Obras para que integrantes de los comités de Participación Ciudadana firmaran los contratos, de lo contrario, les advirtieron, perderían los recursos.
Al momento, el órgano interno de control realiza la indagatoria con el fin de reunir más elementos de prueba “que permitan determinar de manera concluyente si existe responsabilidad administrativa de servidores públicos adscritos a dicha alcaldía”.
El año pasado, vecinos de diversas alcaldías expresaron su preocupación por la forma en que las demarcaciones –principalmente en las que hubo cambio de gobierno– ejercieron los presupuestos participativos de 2020 y 2021.
La inconformidad llegó a tal punto que el año pasado vecinos se manifestaron en un acto del Instituto Electoral de la Ciudad de México para reclamar por la falta de transparencia en la contratación de proyectos en la alcaldía Miguel Hidalgo.
En esa demarcación, por ejemplo, los vecinos de la colonia Pensil denunciaron sobreprecios en la adjudicación de un contrato de cámaras de seguridad, cuyo costo unitario fue de más de 40 mil pesos, pese a que los vecinos las costearon en 15 mil cada una.
Otro caso fue el de la colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde se pretendía adjudicar un contrato a una empresa de coaching –desarrollo personal– para la realización de clases de yoga y paseos en bicicleta que estaban evaluados en más de 60 mil pesos cada uno. Este caso también derivó en una denuncia por los vecinos ante la Contraloría.
