La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda exigió a Banca Afirme la devolución de 123 millones de pesos de participaciones federales que la institución financiera retuvo para el fideicomiso de una planta fotovoltaica que se construiría en Mexicali, proyecto que se truncó porque la empresa a la cual se asignó el contrato, Next Energy, no pudo conseguir permisos.
La mandataria explicó que el gobierno del estado interpuso un recurso legal y los tribunales fallaron en favor de Baja California y ordenaron la reintegración de los fondos a las arcas públicas porque el proyecto se canceló.
“Por ello, quiero hacer un enérgico llamado a que se devuelva el dinero”, publicó en redes sociales.
La administración anterior, encabezada por Jaime Bonilla (2019-20121), firmó un contrato con Next Energy, en el que comprometió alrededor de 19 por ciento de las participaciones federales en un contrato que estipulaba que el gobierno del estado iba a comprar la energía producida por la planta para alimentar el sistema de bombeo del acueducto Río Colorado-Tijuana, que lleva agua a la zona costera de la entidad.
Sin embargo, aunque no tenían los permisos y las instancias federales ya anunciaron que no los otorgarán, los términos del contrato permitieron a la compañía recibir en un fideicomiso la primera ministración mensual de 123 millones de pesos para una planta que no se hará.
Además, hay una serie de demandas contra ex funcionarios involucrados, pero eso no impidió que el banco diera los fondos a Next Energy.
Ávila Olmeda destacó que está para cuidar el dinero de los bajacalifornianos. “El presupuesto es de todos, no debe perderse un solo peso y un juez ha ordenado a Afirme que regrese ese dinero. Con absoluta sorpresa me entero de que el banco no ha querido regresar este dinero al pueblo de Baja California, pese a que los juzgados así lo determinaron. Por eso desde aquí quiero hacer un enérgico llamado a Afirme para que a la brevedad posible regrese esos recursos.
“Es importante que se cumpla la resolución judicial. Mi gobierno va a seguir trabajando para proteger el dinero que se debe utilizar en beneficio del pueblo de nuestro estado. No vamos a permitir que se apropien de los recursos públicos, que corresponden a las familias de Baja California”, advirtió.
Siete funcionarios que trabajaron con Bonilla Valdez firmaron el contrato que permitió a Next Energy cobrar los 123 millones de pesos.
Se trata de Rodolfo Castro Valdez, secretario de Hacienda; Miriam Álvarez Martínez, directora general de la Comisión Estatal de Energía; Luis Salomón Faz Apodaca, secretario para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua, y Karen Postlethwaite Montijo, titular de la Secretaría de Infraestructura Desarrollo Urbano y Reordenamiento Territorial.
Ni Bonilla Valdez ni su secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, suscribieron el contrato. Según la versión pública tampoco lo hizo Rodríguez Lozano, pues no aparece en ninguno de los documentos anexos.
En el caso del fideicomiso número 79803 que se constituyó con Banca Afirme, sólo signó Rodolfo Castro Valdez como representante del Ejecutivo estatal; el documento se quedó sin la firma de Luis Salomón Faz Apodaca.
Como testigos rubricaron Karen Postlethwaite Montijo y Adalberto González Higuera. Quedó en blanco el espacio de Miriam Álvarez Martínez.
Por Banco Afirme aparecen Nabor Medina Garza y David Alejandro Rodríguez Jacobo como delegados fiduciarios.
El contrató con fecha 9 de enero de 2021 quedó a nombre de Next Energy como fideicomisario en primer lugar y Estrategia Energía Eléctrica Comercializadora SAPI de CV en segundo lugar.
Los signatario del contrato son el gobierno de Baja California, la Comisión Estatal del Agua, Next Energy de México, Estrategia Energía Eléctrica Comercializadora SAPI de CV y Banca Afirme
