La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad que interpusieron el PAN, el PRI y el PRD contra el decreto que aprobó la Cámara de Diputados para que los servidores públicos pudieran promover la revocación de mandato.
Los institutos políticos solicitaron al Alto Tribunal la suspensión del decreto, pues de permitirse su ejecución, ante la prohibición de fijar efectos retroactivos en acción de inconstitucionalidad se vulnerarían de manera irreparable los principios y derechos constitucionales.
Las Cámaras de Diputados y de Senadores, así como el presidente de la República tienen un plazo de seis días naturales, contados a partir de la notificación, para que rindan su informe.
En tanto, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá rechazó dar atención prioritaria a la controversia constitucional que promovió Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, contra el Instituto Nacional Electoral (INE), organismo que buscaba aplazar el proceso de revocación de mandato, ante la falta de presupuesto para dicho ejercicio.
