Ante la «sistemática, dolosa, descarada e impune» violación, por parte de funcionarios públicos, de las reglas que rigen el proceso de revocación de mandato, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova sostuvo que podría estar en riesgo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinará anular este ejercicio. Adelantó que el INE remitirá al los magistrados su diagnóstico del proceso, incluidas todas las irregularidades detectadas en el organismo y que todas han sido confirmadas por la Sala Superior.
«El Ine tendrá que informar a la Sala superior para que proceda a a dictaminar y emitir la notificación a los poderes. Esto Significa juzgar el conjunto de sucesos que han ocurrido. Presentaremos a sala superior un diagnóstico de todas las irregularidades que se han venido cometiendo. Y ojala la irresponsabilidad de los actores políticos que sistemática, retirada, dolosa y descaradamente están violando la ley no traiga como consecuencia que se decida anular este proceso, ojala no ocurra porque significaría la peor sanción a un proceso democrático», dijo Córdova.
La conferencia de prensa se tornó en una evaluación crítica de los consejeros ante el desempeño de los funcionarios, destacando que en este proceso se presentaron 172 quejas, esto es una litigiosidad superior a la registrada en las elección es federales de 2021 pues en ese entonces hubo un promedio de 29 mensuales y en esta ocasión 34.
El consejero Jaime Rivera afirmó que «Si hay hechos preocupantes incluso diría ominosos sobre la revocación de mandato. Hay restricciones legales a partidos y funcionarios que no han sido determinadas por el INE si no que están puestas por la ley, ensombreciendo, viciando en donde se debe desenvolver un proceso de participación ciudadana. Estas conductas infractoras son desafiantes y reiteradas. Y tal como algunos actores a veces con descaro, son desafío abiertos a la ley y constitución, no al INE, el Ine está haciendo lo que le corresponde».
Consideró que están quedando muchas evidencias de la violación de la ley por lo que deberá haber consecuencias para evitar volver a «conductas abusivas y vergonzosas». Por ello consideró necesario reforzar el entramado legal para dotar al INE de facultades ahora hacer valer la legalidad,
A pregunta expresa, consejeros rechazaron que las críticas desde el gobierno federal los hayan intimidado. «Aquí no hay intimidados, nos quieren intimidar» respondió Córdova quien reconoció que ha habido amenazas cotidianas contra consejeros del INE. Córdova explicó que sobre las denuncias de violaciones, corresponde a la Sala Especializada del Tepjf la que determinará las sanciones, aunque en el caso de las que se refieren al uso de recursos públicos, sería ámbito de la Comisión de Fiscalización que deberá confirmar la Sala Superior, pero en su caso podría derivar en delitos penales que competerá a la Fiscalía en Delitos Electorales.
En su oportunidad, el consejero UucKib Espadas consideró que «cuando la legalidad se rompe desde el poder, no estamos hablando del derecho popular a la sublevación , sino un abuso de las capacidades institucionales (…) Se puede esperar un mínimo de auto contención del poder para no pasar por encima de la ley pero Cuando para una corriente política violar la ley se vuelve un emblema de compromiso con la causa , como sociedad estamos en aprietos.»
La consejera Claudia Zavala aseveró que es muy preocupante que ha habido una «violacion contumaz» de la ley a pesar de que todas las medidas cautelares que ha dictado la Comisión de Quejas y Denuncias del INE han sido confirmadas por el Tepjf. Sin embargo, consideró que pese a estas irregularidades detectadas, este domingo estarán las condiciones para la participación ciudadana.
A su vez, el consejero Ciro Murayama sostuvo que «Hemos vivido un proceso donde las reglas constitucionales de no intervención gubernamental se ha violado de manera sistemática y contumaz. Es un proceso político intervenido por el gobierno con esta alteración de reglas. Intervención indebida. Se está fracturando desde el poder el consenso democrático plasmado en la constitución, la no intervención sigue estando en la constitución pero gobierno pretende que sea papel mojado».
En un pronunciamiento de los consejeros electorales, señalaron que la instalación de casillas inferior a lo que dispone la ley es consecuencia del «estrangulamiento presupuestal» al INE por parte de la Camara de Diputados. Sin embargo, las condiciones en que se efectuará. Con 57 mil 517 Casillas esta validada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tepjf.
Al explicar el desempeño del INE en torno a los funcionarios públicos, la consejera Carla Humprhey sostuvo que el organismo solo se ha limitado a aplicar las leyes. Las restricciones que se encuentran en la legislación, dijo, son la responsabilidad de los legisladores.
