El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, exigió al gobierno Federal liberar los 420 millones de pesos que esta soberanía autorizó desde noviembre pasado en el Presupuesto de Egresos 2022, en favor de la Red Nacional de Refugios -integrada mayoritariamente por organizaciones de la sociedad civil- que atienden a niñas y mujeres víctimas la emergencia nacional por violencia hacia dicho sector.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el número de mujeres víctimas de algún delito en México aumentó en el primer trimestre de 2022 en 9.5 por ciento respecto al mismo periodo de 2021; y, de hecho, marzo de este año figura como el mes con más mujeres víctimas de algún delito con 10 mil 579 (mayo de 2016, 10 mil 40; mayo de 2019, 10 mil 465), destacaron las y los diputados perredistas.
“Llevamos ya cinco meses de este 2022 sin que hoy, las niñas y mujeres que viven en situación de violencia en este país (agudizada por la pandemia del COVID-19), puedan tener la garantía de ser resguardadas y protegidas por un Estado que, en cambio, las ignora, invisibiliza, y las destina a correr el riesgo de ser asesinadas”, reprocharon las y los legisladores federales.
“La realidad que viven miles de niñas y mujeres en este país, hace que hoy se requiera contar con más espacios de apoyo y resguardo, como los refugios con los que se cuenta a nivel nacional (la Red Nacional de Refugios, RNR, tiene 79 espacios), para salvaguardar la vida de nuestras mujeres, sus hijas e hijos”.
“No obstante, acusaron, al día de hoy los refugios siguen sin recibir el presupuesto federal que les fue asignado y que costó mucho defender desde esa trinchera, porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador quería disminuirlo para canalizarlo a otras acciones pese a la crítica situación que viven mujeres, sus hijas e hijos en este México convulso”.
Recordaron en este tenor que los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia, se llama “violencia institucional” y “estaremos atentas y atentos para denunciarla hasta que se garantice la atención inmediata e integral a mujeres y niñas que requieran de un refugio para salvar sus vidas. Lo demás, es pura demagogia”.
Al finalizar, el Grupo Parlamentario del PRD enfatizó sobre la gravedad del problema y las diez entidades del país a las que se debe prestar mayor atención con base en la información difundida por el SESNSP:
En el primer trimestre de 2022, fueron contabilizadas 17 mil 875 mujeres víctimas de delito. El 65 por ciento de los casos ocurrieron en el Estado de México (con 5 mil 892 víctimas); Guanajuato (1 mil 951); Jalisco (1 mil 568); Ciudad de México (1 mil 543); Baja California (1 mil 447); Nuevo León (1 mil 414); Michoacán (1 mil 285); Veracruz (1 mil 55); Chihuahua (882), y Puebla (838).
“Seguimos esperando que el Gobierno Federal decida que la vida de las niñas y las mujeres sea una real prioridad nacional, no solo un discurso demagógico que ya nadie cree y que nos está costando vidas y ausencias”, concretaron.
