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A 8 años del caso Ayotzinapa, la FGR imputará por primera vez a un alto funcionario del extinto Cisen

A ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y tras analizar nuevas evidencias, la Fiscalía General de la República (FGR) imputará por primera vez a un alto funcionario del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Las acusaciones que mañana presentará la Fiscalía del caso Ayotzinapa, en el Reclusorio Sur, contra Gandaria se sustentarán en videos de dos interrogatorios en los que el detenido Felipe Rodríguez Salgado, también identificado como “El Cepillo”, es sometido a distintos tipos de tortura.

Esta será la primera vez en la historia en que un miembro de un organismo mexicano de inteligencia sea imputado ante un juez.

En la primera sesión, realizada en “Casa de Moneda”, Gandaria, entonces director de Apoyo a la Operación del Cisen, participó junto a Tomás Zerón de Lucio, director de la AIC, y Gualberto Ramírez Gutiérrez, jefe de la Unidad Antisecuestros, en los cuestionamientos violentos hacia Rodríguez Salgado.

Mientras Zerón amenazaba con quitarle la vida, el agraviado aparecía decaído, con la cabeza envuelta en una prenda y sin camisa.

En el video también es posible apreciar lesiones en el pecho del detenido, aparentemente causadas cuando fue arrojado al suelo. También la manera en que un hombre apoyó las rodillas sobre su espalda para sofocarlo con una bolsa de plástico.

La segunda sesión fue en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) y la condujo Mendoza Gandaria, en compañía de dos subordinados.

Mendoza Gandaria también será acusado por coalición de servidores públicos, en vista de que los traslados del detenido y los interrogatorios fueron realizados de manera coordinada por varios funcionarios.

También, por intervención de comunicaciones, pues manipuló el celular de Rodríguez Salgado, revisó sus mensajes, obtuvo sus contactos y lo interrogó sobre ellos, sin contar con la orden de un juez. Actividades que de las cuales tiene facultad exclusiva el Ministerio Público.

Actualmente, Gualberto Ramírez y Tomás Zerón están prófugos y tienen órdenes de aprehensión. El primero, hasta ahora, por simulación de pruebas y falsificación de documentos y el segundo por tortura, desaparición forzada de personas, coalición de servidores públicos y delitos contra la administración de la justicia.

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