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Catalogar violencia docente la discriminación a alumnos por salud o discapacidad

A fin de dar a las personas con discapacidad una mayor comprensión, apoyo y una verdadera inclusión de oportunidades, la diputada federal Ana Lilia Herrera Anzaldo presentó una iniciativa que reforma varios artículos a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para incluir en la ley como violencia docente, los actos de discriminación por salud o discapacidad, realizados por los maestros. 

Además, la integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI) propuso incluir la educación en Lenguaje de Señas Mexicana y el Sistema de Escritura Braille, como otra de las facultades y obligación de la Federación, en la que ya se establece educar en los derechos humanos a las mujeres en su lengua materna.

La legisladora priista, también plantea que las mujeres con discapacidad sean asistidas gratuitamente en todo tiempo por intérpretes y defensores de oficio que tengan conocimiento de su discapacidad.

Lo anterior, explicó la representante popular, porque aunque hay avances en la legislación que permiten una mayor integración, derechos y obligaciones a las personas con discapacidad, las oportunidades para que puedan trabajar son insuficientes y esto hace que su calidad de vida y bienestar se vean menoscabados.

Argumentó que su proyecto de ley pretende establecer acciones efectivas para lograr una plena inclusión de estas personas, especialmente de mujeres que enfrentan esta condición. Precisó, debemos ser facilitadores de cambios para que este grupo se siga desarrollando y crezca profesionalmente en el país.

Herrera Anzaldo aseguró que estas modificaciones buscan la progresividad de los derechos de las personas con discapacidad para que su inclusión sea integral y con ello reducir las brechas que generan la desigualdad en nuestro país.

La iniciativa que reforma el Artículo 12 y 41 y adiciona el Artículo 52 a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se turnó a la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, para su discusión y dictaminación.

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