La diputada Melissa Estefanía Vargas Camacho, del PRI, impulsa una iniciativa a fin de que las procuradurías de protección coordinen e integren un banco nacional de datos e información sobre casos de violencia contra las niñas, niños y adolescentes.
La propuesta, que adiciona una fracción XVI al artículo 122 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, estipula que el banco constará de dos apartados; el primero, integrará un registro de datos de niñas, niños y adolescentes agredidas, el cual será privado y tendrán acceso las dependencias que por su naturaleza atiendan víctimas, para evitar la revictimización.
El segundo, se denominará registro de agresores y agresoras que hayan sido sentenciados por violencia física, tráfico de menores, pornografía infantil, abuso sexual, violación, abandono y por ser deudor alimentario.
Refiere que en este caso la información será pública y podrán acceder a esta toda institución o ciudadano que así lo solicite ante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, busca hacer frente a los casos de violencia, los cuales difícilmente son denunciados, ya sea por temor al agresor, a la exposición pública, a la estigmatización, la desconfianza en las autoridades, el desconocimiento de los derechos o bien por la ausencia de mecanismos disponibles y accesibles para reportar y pedir ayuda.
Indica que, ante la multiplicidad de registros, la falta de interrelación entre éstos y la insuficiente información estadística sobre la violencia, resulta complejo diseñar e implementar políticas de prevención y protección integrales y coherentes para ponerle fin.
Detalla que en México son pocos los datos nacionales que permiten abordar con amplitud las manifestaciones de la violencia en el hogar. No obstante, es posible saber que casi cuatro de cada diez madres, y dos de cada diez padres, sin importar el ámbito de residencia, reportan pegarle o haberles pegado a sus hijas o hijos cuando sintieron enojo o desesperación.
Asimismo, dos de cada diez mujeres reportan que sus esposos o parejas ejercen o han ejercido violencia física contra sus hijas o hijos en las mismas circunstancias. Según los resultados, la proporción de violencia masculina es mayor en contextos rurales que urbanos.
Agrega que México ocupa el primer lugar en violencia física, abuso sexual y homicidios de menores de 14 años, entre los 33 países que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Advierte que uno de los problemas centrales en materia de maltrato infantil es que se considera un problema del ámbito familiar, que ocurre la mayoría de las veces en el interior de los hogares y los victimarios generalmente son familiares cercanos a los niños victimizados.
Además, buena parte de la sociedad cree que la violencia es una forma de educar o corregir a los menores y es un medio que pueden usar los adultos.
Al catalogarlo como un tema «privado o doméstico», existen pocos registros tanto de las víctimas como de los agresores y agresoras, lo que invisibiliza más esta problemática y permite que los agresores y agresoras reincidan sin ser detectados.
