Por Víctor Barrera
Una nación sin una aplicación real del Estado Derecho se convierte en tierra del más fuerte y esto causa mayores problemas que enfrentar de manera determinante al crimen.
Esto lo vemos reflejado en actos violentos como los ocurridos en Jalisco y Guanajuato y que aparecen más cotidianamente en las carreteras federales, donde las organizaciones delincuenciales pretenden dar a conocer su fortaleza en diferentes zonas del país.
Este hecho tomo relevancia, porque se sabe que cuando se llevaba a cabo la reunión entre cabezas destacadas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) las autoridades las descubrieron y esto provoco no solo el enfrentamiento sino actos vandálicos donde tiendas de conveniencia y bienes de la gente fueron los objetivos del ataque.
Aun no hay información certera sobre si el descubrimiento de esta reunión fue como consecuencia de la inteligencia militar o seguridad pública o simplemente un acto fortuito lo que se conoce es la reacción de los grupos delincuenciales.
La violencia y los actos vandálicos muestran que estos grupos criminales sienten que han obtenido demasiada tolerancia del gobierno federal, ante la política de “abrazos y no balazos” que se ha convertido en una estrategia con mayor debilidad que fortaleza.
Las mismas declaraciones de López Obrador que manifiesta que los delincuentes también son gente del pueblo y por ello merecen el respeto a sus derechos, aun cuando ellos violentan los derechos de más gente, hacen que estos grupos se vayan enquistando poco a poco en los partidos políticos, que con el afán de obtener el poder abren su abanico de oportunidades para que miembros del crimen organizado puedan entrar a ocupar puestos de elección popular.
Esto también nos remite al “culiacanazo” donde el objetivo principal era Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo, y ante la respuesta inmediata de los grupos armados de Ovidio, el gobierno federal tuvo que doblar las manos y “para evitar mayores problemas a la población” decidió que se soltara al hijo del principal narcotraficante de México.
Todo esto nos muestra que a esta administración no le han servido su estrategia de inteligencia y mucho menos su política para tratar de eliminar el narcotráfico y otras operaciones del crimen organizado.
En lo que va del sexenio presente, la violencia ha sido más letal dejando cifras mayores a las administraciones anteriores, donde se resolvió que un ataque frontal al crimen organizado era lo mejor.
No se trata de volver a esa estrategia, porque también dejo muerte en el camino, sino hacer que la ley se aplique y se imponga. Además de evitar comentarios como los que suele decir López Obrador, donde alienta la proliferación del crimen organizado.
Ahora que se discute una reforma electoral, se ha planteado el subtema de “seguridad y combate a la violencia”, porque el crimen organizado ha demostrado que su intervención en los procesos electorales también es ya relevante y esto no puede seguir.
Repito, algunos partidos políticos lamentablemente no hacen un escrutinio severo sobre la probidad y honorabilidad de sus candidatos o la gente que los apoya, lo que deja abierta la puerta para que el crimen organizado vaya entrando poco a poco. Ejemplo de ello es que este crimen organizado si influye o se hace presente en las decisiones populares, amenazando, o eliminando a candidatos que no son de beneficio para esas organizaciones.
México no puede seguir siendo rehén de esos grupos, es necesario aplicar la ley, el estado de derecho y esto debe partir desde las decisiones del titular del Poder Ejecutivo y las resoluciones prontas y expeditas del Poder Judicial, de lo contrario las cosas pueden ponerse aún peor.
