La diputada María Asención Álvarez Solís (MC) impulsa una iniciativa para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Comisión Nacional de Vivienda, los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, formulen programas de vivienda e instrumentos de gestión que permitan fomentar la rehabilitación y el uso de viviendas deshabitadas, abandonadas y en abandono constructivo.
La propuesta, que reforma el artículo 4 y adiciona los artículos 98 y 99 a la Ley de Vivienda, también establece que todo propietario estará obligado a tomar las medidas necesarias para que las viviendas deshabitadas, abandonadas y en abandono constructivo no pongan en peligro la seguridad de las personas de la comunidad.
Además, incluye las definiciones de vivienda deshabitada, abandonada y en abandono constructivo. Señala que la primera es la que se encuentra totalmente construida, presenta condiciones de conservación y habitabilidad aceptables y está disponible para ser habitada pero no cuenta con residentes habituales.
La vivienda abandonada es la que está totalmente construida pero su estado de conservación es visiblemente deteriorado y no cuenta con residentes habituales. Puede no tener ventanas, puertas y/o instalación eléctrica, además de graffiti, maleza, escombro y/o basura en su interior o exterior; presenta endeudamiento de al menos 3 años en el pago de impuestos y derechos municipales, así como pagos vencidos relacionados a un crédito hipotecario, por lo que su situación jurídica puede estar sujeta a un litigio o embargo.
Mientras que la vivienda en abandono constructivo se define a la obra gris o negra cuyo proceso de construcción ha sido abandonado por al menos un año por el sector privado.
El documento, remitido a la Comisión de Vivienda, resalta en su exposición de motivos que en México, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), existen más de 6 millones de viviendas particulares deshabitadas.
Precisa que, desde el Censo de Población y Vivienda de 2010, se ha registrado el constante aumento de viviendas deshabitadas y abandonadas, muchas de ellas producto directo de la construcción y oferta masiva de vivienda social que fue promovida por las administraciones federales a inicios de la década del 2000.
Sin embargo, agrega, diversos factores como la lejanía de los conjuntos o desarrollos habitacionales, la insuficiencia de bienes, servicios y fuentes de empleo, así como la imposibilidad de pago del crédito hipotecario, han provocado el paulatino abandono de las viviendas por parte de sus propietarios o personas titulares del crédito.
“Tan sólo en diez años, se incrementaron a un millón 157 mil 876 las viviendas deshabitadas, recrudeciendo el problema público que está generando un impacto negativo en la sociedad”, subraya.
Por ello, indica, la iniciativa tiene como propósito reconocer jurídicamente la problemática de la vivienda deshabitada y abandonada a nivel nacional, desincentivar el abandono de vivienda a nivel nacional y alentar a los gobiernos estatales y municipales para que diseñen e implementen programas que atiendan a la población vulnerable y de bajos ingresos económicos.
