Víctor Barrera
La discusión entre si se aprueba que la Guardia Nacional sea parte del Secretaria de la Defensa Nacional o no, ha permitido que los grupos criminales, desde los pequeños hasta los grandes utilicen esta indecisión para seguir perpetrando y estableciendo el terror a la sociedad entera.
No hay día en el cual escuchemos, veamos y leamos un acto vandálico mientras que la clase política sigue pensando entre actuar para detener esta ola o voltear la mirada y evitar con ello acentuar el conflicto y los resultados sean fatales.
El crimen se ha apoderado de las poblaciones mexicanas, pero no para hacer un beneficio sino para incrementar el número de personas que son enlistadas para fortalecer a un grupo en específico. Mientras que las autoridades solo esperan que exista la pasibilidad de que la Guardia Nacional llegue a sus entidades y poder auxiliar a la población que está cansada de ser rehén de estos grupos criminales, pero también de destinar un importante número de recursos para poder evitar perder lo más preciado que es la vida.
Las bandas delictivas han tomado la extorsión como un negocio rentable y sin ningún riesgo para ellos porque el dinero que recolectan los destina para el pago de cobradores, y sicarios que realizan el trabajo y que de ser atrapados el castigo o sanción penal es menor.
Es por ello que en la reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI (ENSU), durante el primer semestre de 2022, 11.6 por ciento de los hogares reportó haber sido víctima de extorsión, que representa un negocio importante para los grupos delictivos, además si lo vemos desde el punto de vista político representa un espacio de poder que deja recursos económicos y posiblemente gente que puede ser manipulable para votar a favor de un candidato.
Así la extorsión se ha ido manifestando como el brazo económico de la delincuencia y ha sido arrebatado a las organizaciones políticas que durante mucho tiempo lo utilizaron para mantener grupos que representaban su “voto duro”.
El problema es que ahora estas “mafias” se han incrustado en la política a través de financiar las campañas poéticas para luego cobrar las “facturas” que termina pagando la población entera.
Porque en el mundo de las mafias la competencia es a través de enfrentamientos y de agresiones entre diversos grupos que intentan o controlan territorios y por supuesto la población queda como rehén de los mismos
Entonces esto hace que el poder legislativo empiece a vislumbrar que se originen leyes que permitan castigar el delito de la extorsión como un delito mayor y que con ello se desaliente este acto para beneficio de grupos delincuenciales. El problema es que lamentablemente una parte de la clase política ya ha sido cooptada o contaminada por estos grupos y prefieren evitar el tema y dejarlo como un acto vandálico menor.
Esperemos que alguna organización política realice el paso decisivo y actué a favor de la población para erradicar la extorsión de nuestro país, sin esperar la discusión sobre la Guardia Nacional y su incorporación a la Secretaria de la Defensa y posiblemente con ello empezar a dar la paz social que se prometió y que no ha llegado.
