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El 80% de las denuncias y quejas contra servidores públicos no prosperan ante SFP

El 80 por ciento de las denuncias por posibles actos de corrupción y de los procedimientos administrativos, que se inician contra empleados federales no prosperan ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) para que culminen en una sanción.

De acuerdo con el Cuarto Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, de las 624 denuncias que se recibieron en el último año, de septiembre de 2021 a junio de 2022, a través del Sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción, el 85 por ciento, es decir 531 casos, fueron declarados improcedentes, de los cuales 404 fueron por presuntas “incompetencias” de la SFP para intervenir y 127 porque supuestamente los denuncias no aportaron pruebas suficientes.

De las 624 denuncias recibidas a través de ese sistema, que es un mecanismo integral que incentiva la participación ciudadana para el combate a la corrupción y la impunidad, apenas 85 casos, es decir el 13.62 por ciento, fueron consideradas procedentes y se remitieron a las correspondientes autoridades investigadoras para su atención.

Mientras que otras ocho están en espera de que las personas promoventes proporcionen mayores elementos para continuar con la investigación.

En el caso de procedimientos de sanción administrativa, la SFP reportó en el Cuarto Informe que recibió 13 mil 194 expedientes por faltas administrativas no graves ─que le corresponde a la Secretaría aplicar sanción─, pero de esos, en 10 mil 533 casos, es decir, el 79.83 por ciento, se determinó no aplicar sanción; en 291, es decir, el 2.2 por ciento, se desecharon porque prescribió la falta o porque no se acreditó la conducta imputada con las pruebas ofrecidas, y sólo en 340, apenas el 2.57 por ciento, se aplicaron sanciones.

Asimismo, otros 2 mil 30 expedientes de procedimientos de sanción administrativa están todavía en trámite.

Además de que la SFP recibió 697 expedientes de procedimientos de responsabilidades administrativas por faltas administrativas graves, cuya resolución corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

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