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Decisión importante en la SCJN referente al tema de la prisión preventiva  

Por Víctor Barrera  

Este día en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se votará si se mantiene o no, la prisión preventiva oficiosa, pero lo más importante de esta votación es la presión que ha mantenido el titular del poder Ejecutivo ante los magistrados, durante varios días desde sus conferencias mañaneras. 

López Obrador se dijo decepcionado de los ministros que propuso y fueron aceptados para la Suprema Corte porque han actuado “más en función de mecanismos jurídicos” y “al parecer ya no están pensando en el proyecto de la transformación”. 

Esto es verdaderamente preocupante, porque el tabasqueño  está ejerciendo presión para que la decisión de los magistrados, al menos los que el propuso, sea conforme a los intereses de la 4T y no conforme a derecho y justicia. 

Los ministros propuestos por López Obrador, y cuyos votos serán observados con lupa, son Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien ocupó la vacante de José Ramón Cossío Díaz al inicio del sexenio; Yasmín Esquivel, en 2019, cuyo nombramiento fue muy cuestionado porque es esposa de José María Riobóo, quien fuera el principal promotor de cerrar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco y construir el nuevo en Santa Lucía; Margarita Ríos Farjat, ex jefa del SAT, también en 2019, tras la sorpresiva renuncia de Eduardo Medina Mora; y Loretta Ortiz, defensora acérrima de la controvertida Ley de la Industria Eléctrica y a quien se considera la más cercana a López Obrador, porque la incluyó en las ternas en las que salieron electas Ríos Farjat y Esquivel, hasta que finalmente el año pasado fue aprobada por el Senado. 

Pero también sorprende el silencio de Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN, y principal promotor de que desaparezca la prisión preventiva oficiosa, ante esta presión del Ejecutivo y que muestra que López Obrador piensa que la autonomía de los magistrados termina cuando empiezan los intereses personales de él y su proyecto denominado 4T. 

Arturo Zaldívar se ha referido a la decisión de hoy como “un parteaguas en la historia de la prisión preventiva justificada y oficiosa en México”. Pero, repito, hasta ahora no ha hecho ninguna declaración en defensa del poder judicial y de los ministros de la SCJN ante las críticas del político tabasqueño. 

Es cierto que esta figura de prisi0on preventiva existía en la Constitución y fue ampliada pero no debe ser pretexto para que sea utilizada como una herramienta de presión y terror para quien se le acuse sin prueba alguna de que es un delincuente o a violentado las leyes de México. 

Debemos recordar que la ampliación, modificación constitucional, de esta figura jurídica, fue con el objetivo de evitar que delincuentes “de cuello blanco” pudieran  escapar de la ley haciendo uso de sus recursos financieros. 

Sin embargo esta prisión preventiva se ha utilizado demasiado al grado de abusar de su uso y tener a personas que no han sido sentenciadas en prisión, por lo que se violenta de esta manera la constitución política de México, respecto a los derechos individuales de las personas donde indica que nadie es culpable de algo hasta que se demuestre lo contrario. 

Esta figura jurídica, la prisión preventiva, en los primeros años de este sexenio, también sirvió para presionar a empresarios y con ello poder grandes cantidades de recursos que fueron utilizados en la iniciación de la contracción de las “grandes obras” de esta administración federal. 

De eliminarse esta figura jurídica, pone en aprietos a los fiscales de México, quienes tendrán que ponerse   a trabajar de manera profunda para crear verdaderos casos fundamentados en contra de los delincuentes, algo que posiblemente nunca han hecho. 

El estado de derecho debe prevalecer en un país que se dice democrático y si se pretende violentar los Derechos humanos de todos los mexicanos  con figuras jurídicas no delimitadas, solo muestra que esta administración  busca utilizar todas las herramientas para mantenerse en el poder por las buenas o a través de  establecer el  terror., fiscal jurídico  o social.

Lo importante es la decisión de los magistrados sobre el tema, como la fundamentan y soportan, para evitar que al final se piense que este poder puede ser avasallado por otro poder. 

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