Por la falta de liquidez, así como el alto y grave endeudamiento que presentaba el ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz encabezado por Marco Antonio Rodríguez Hurtado, contrató los servicios profesionales del despacho de especialistas, Buró de Investigaciones Jurídicas en Administración Pública y Fiscal Corporativo S.C. (BIJAP) para hacer frente con financiamiento a los conflictos y pagos a proveedores que de toda índole, enfrentaba ese municipio.
El referido grupo de profesionales inició trabajos y se empleó a fondo para que mediante impecables estrategias legales, lograra suspender las retenciones del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones de la Ciudad de México (Fortamun) que otorga el gobierno federal a los 32 estados de la república mexicana, así como a los 2 mil 471 ayuntamientos del país.
El Buró de Investigaciones Jurídicas desarrolló quehaceres legales y contables de febrero a agosto del presente año, con lo que ganó juicios legales y administrativos, y logró recuperar más de 285 millones de pesos que sirvieron y fueron utilizados para hacer frente a las innumerables obligaciones que tenía Tlalnepantla en cuanto a pago de adeudos de agua, seguridad y servicios públicos.
Sin duda, esos recursos sirvieron para el arranque de la administración que como se recordará, tomó protesta el 1 de enero del presente año sin necesidad de recurrir al endeudamiento público o privado como ocurre de manera formal, en la mayoría de los municipios que quedan endeudados por cuatro o cinco administraciones subsecuentes.
Empero, con una solución apegada al marco legal que permitió que el ayuntamiento gozara de un recurso fresco e importante el cual con argucias legales, le había sido arrebatado por muchos años y sin que hubiera resoluciones jurídicas en favor del erario de Tlalnepantla.
De forma lamentable, como ocurre de manera constante en la administración pública mexicana, los servicios profesionales desempeñados con reconocimiento por el propio régimen federal, así como por juristas, contadores y auditores, no han sido liquidados.
Los representantes legales del Buró, acusaron que el alcalde, Rodríguez Hurtado, y los funcionarios de primer nivel de Tlalnepantla como el director de Administración, Luis Antonio Gutiérrez Herrera y el tesorero, Ricardo Contreras Velázquez, no contestan llamadas y mensajes que se emiten por todas las redes del municipio.
Ninguno se hace responsable de los compromisos que adquirió el munícipe, el que incluso ofrendó hasta su cargo cuando necesitó los recursos para hacerle frente a los compromisos de resolución inmediata, que le demandaron todos los legisladores y los representantes de mayor presencia en el multicitado municipio.
Cabe mencionar que los 285 millones de adeudo federal, recuperados por la vía legal por las acertadas querellas de los abogados del BIJAP, ya han sido invertidos por ese municipio para el pago de honorarios de los miles de trabajadores de uno de los ayuntamientos más importantes de México, así como en la ejecución de obras de beneficio social.
Pero también el alcalde, Marco Antonio Rodríguez Hurtado, debe ordenar el pago de honorarios al reiterado Buró de Investigaciones Jurídicas por los servicios profesionales prestados de manera eficiente.
