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SSPC exhibe a jueza que suspendió transferencia de la Guardia Nacional a Sedena

El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, exhibió a la jueza Karla María Macías Lovera por establecer una suspensión definitiva del decreto que transfiere la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Continuando con actuaciones de juzgadores federales que ponen en riesgo la seguridad, está el caso de Karla María Macías Lovera, jueza Noveno de Distrito con sede en Irapuato, Guanajuato, quien en un primer momento había suspendido provisionalmente el decreto que transfiere el control operativo y administrativo de la Guarda Nacional a la Sedena”.

El funcionario federal acusó que la jueza se excedió en sus facultades porque plantear la contradicción ante una ley de carácter general y la Constitución, en términos del artículo 105, sólo le corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Por ello, el 19 de octubre, un tribunal colegiado revocó la suspensión provisional que dictó la jueza Macías Lovera. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, con residencia en Guanajuato, declaró fundados los recursos de queja que interpusieron la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Guardia Nacional, donde impugnaron la suspensión provisional otorgada a la organización Uniendo Caminos México.

“Esta juez decretó la suspensión de un decreto emanado del poder legislativo. La resolución fue impugnada ante un tribunal colegiado y ya quedó sin efecto la suspensión provisional”, agregó Mejía Berdeja. 

Sin embargo, la juez dictó una nueva resolución en el caso, donde suspendió de manera indefinida el decreto que transfiere administrativa y operativamente la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Esta resolución, a todas luces inconstitucional, ya fue recurrida nuevamente por el Ejecutivo federal porque la jueza se excede y está generando efectos suspensivos sobre un decreto del Congreso de la Unión”. 

El subsecretario de Seguridad señaló que este tipo de resoluciones afectan a la seguridad pública y, por ello, se hace de su conocimiento a la población.

“Tenemos confianza en que el tribunal colegiado revoque esta nueva suspensión decretada por esta juez. Se considera que son parte de las acciones que generan impunidad en el país”.

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