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Negar acceso a personas o crear zonas exclusivas en lugares públicos o privados  será considerado como discriminación

El Grupo Parlamentario del Partido Verde en la Cámara de Diputados, a nombre del diputado Luis Arturo González Cruz, propuso una iniciativa que incluye como práctica discriminatoria la restricción del ingreso o la división entre personas, en lugares públicos o privados, en función de su vestimenta, color de piel o apariencia física.

La propuesta, contempla una adición al artículo noveno de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y establece que, sitios como restaurantes, hoteles, centros comerciales y discotecas, entre otros espacios de convivencia lúdica, no podrán crear zonas exclusivas para dividir a la población en razón de la separación antes mencionada.

González Cruz señaló que los casos de discriminación en México aumentaron y se equiparan a actitudes racistas, como por ejemplo, el rechazo en actividades sociales a través de códigos de vestimenta, el derecho de admisión o separación de individuos por su aspecto, al no cumplir características físicas en ciertos establecimientos mercantiles.

Añadió que “los obstáculos y limitaciones al acceso y disfrute de derechos por no cumplir con el fenotipo aceptado en ciertos espacios sociales, afecta a las personas a lo largo de su vida y genera desventajas intergeneracionales que refuerzan el círculo vicioso de desigualdad, discriminación y pobreza”.

Según cifras de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) de 2017, en nuestro país, la comunidad indígena es la que reportó en un 65.2 por ciento insultos y burlas, 58.9 por ciento miradas incómodas y 28.3 por ciento amenazas o empujones, mientras que, entre la población con alguna discapacidad, cerca de 70 por ciento informó  miradas incómodas, 63.2 por ciento insultos o burlas, y 33.2 por ciento amenazas o empujones.

Finalmente, el legislador ecologista concibió a la discriminación como un reto cultural alimentado por la sociedad, que ha ido creciendo a base de prejuicios y sistemas de creencias que deben ser responsabilidad del Estado mexicano para actuar en consecuencia de dichas actitudes y comportamientos, a fin de ser sancionados de la forma correspondiente.

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