El diputado del PT, Jaime Baltierra García, propuso adicionar un párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política, a fin de que el Estado garantice que el desarrollo científico y tecnológico, así como, el acceso a internet esté al servicio de las personas y se lleve a cabo con respeto a la vida y a la integridad moral, física y psíquica de estas.
Ello, con el objetivo de proteger los derechos humanos ante las nuevas innovaciones científicas y tecnológicas, indica el documento turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales.
La exposición de motivos resalta que los avances digitales pueden apoyar y acelerar el logro de cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), desde el fin de la pobreza extrema hasta la reducción de la mortalidad materna e infantil, la promoción de la agricultura sostenible y el trabajo, y el logro de la alfabetización universal.
Sin embargo, agrega, las tecnologías también pueden amenazar la privacidad, comprometer la seguridad y alimentar la desigualdad. Es decir, tienen implicaciones para los derechos humanos y su actividad.
Destaca que, a pesar de que los servicios públicos de las tecnologías son cada vez más accesibles, aún hay quienes siguen aislados de los beneficios de esta nueva era y quedan rezagados. Muchas son personas con discapacidad, mujeres, ancianos, o miembros de minorías étnicas o lingüísticas, grupos indígenas y residentes de zonas pobres o remotas.
El documento argumenta que, en la actualidad, las tecnologías digitales, como el agrupamiento de datos y la inteligencia artificial, se utilizan para rastrear y diagnosticar problemas en la agricultura, la salud y el medio ambiente, o para realizar tareas cotidianas como el desplazamiento en automóvil o el pago de una factura.
Además, añade, pueden usarse para defender y ejercer los derechos humanos, pero también para infringirlos; por ejemplo, controlando nuestros movimientos, compras, conversaciones y comportamientos. Los gobiernos y las empresas disponen de más herramientas para extraer y explotar datos con fines financieros y de otro tipo.
Por ello, indica, es necesario que en México se reconozca la importancia de la informática como nueva forma de poder político y social y la adición al artículo 4o constitucional contiene diversos derechos y garantías individuales y sociales.
