El senador Israel Zamora Guzmán del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) consideró que para reducir el flujo de armas que provienen de Estados Unidos se debe implementar un mayor monitoreo y trazabilidad entre autoridades de ambos países.
Asimismo, dijo que una verificación de antecedentes penales, por autoridades del país vecino, puede ayudar para que se limite la venta de armas de fuego, similar a lo que se avaló recientemente en el Senado.
Durante una reunión de trabajo con integrantes de la delegación internacional “Investigando el Flujo de Armas a México” y Organizaciones de la Sociedad Civil de México, Zamora Guzmán se pronunció por impulsar un mayor intercambio de información que otorgue certeza sobre la ubicación o posible extravío de armamento.
En la sesión de trabajo, el legislador propuso a los representantes integrar en su agenda fortalecer la cooperación en materia de inteligencia entre México y Estados Unidos para identificar la procedencia y destino de las armas, mejorar controles en la importación en la frontera, sancionar a los fabricantes que incumplan con las leyes y derogar la enmienda “Tiahrt” que impide la publicación de datos sobre la trazabilidad del armamento vendido.
Además, identificar y cerrar los puntos de comercio ilegal, restringir la venta de armas de uso militar, un mayor monitoreo y recopilación de datos de las que se utilizan en delitos y crear protocolos especiales para quienes las pierdan.
El también secretario de la Comisión de Defensa en el Senado refirió que de cada diez armas que hay en el país y que se utilizan en la comisión de delitos, entre siete a nueve, provienen de los Estados Unidos.
Ante esa problemática de seguridad, externó que una de las facultades de los senadores es vigilar o dar seguimiento a la política exterior que desarrolla el Ejecutivo y eso abre la oportunidad de realizar muchas gestiones con el país vecino que permitan hacer frente a ese tema.
Cabe señalar que recientemente la Comisión de Defensa Nacional, en el Senado de la República, aprobó una reforma para que las licencias particulares para la portación de armas se expidan a las personas físicas que no cuenten con sentencia ejecutoria por la comisión de un delito doloso.
