En Oaxaca, al menos 144 mil 834 niños, niñas y adolescentes se encuentran vulnerables y 36 mil 244 de ellos, en riesgo de ser reclutados por grupos delictivos, indica el informe Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos en México.
El estudio, elaborado por el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) y la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), precisa que la vulnerabilidad es resultado de condiciones como pobreza, abandono, falta de oportunidades, violencia familiar y la cercanía a zonas con grupos delictivos.
Mientras que quienes están bajo amenaza de reclutamiento por grupos delictivos, añade, no asisten a la escuela y viven en lugares relacionados con inseguridad e incidencia delictiva.
Pero la participación en actividades delictivas no inicia directamente en grupos delincuenciales ni con delitos federales; no obstante, el contexto social que enfrentan los menores de edad es una constante. De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes (FEJA) de la Fiscalía General de Oaxaca, desde 2020 a la fecha se han abierto mil 212 carpetas de investigación contra adolescentes por su probable participación en delitos del fuero común.
En 2020, por ejemplo, se abrieron 379 carpetas de investigación, 372 en 2021, 404 en 2022 y van 57 en 2023.
Los delitos más comúnes son lesiones, de naturaleza sexual, robo, violencia familiar, daños, amenazas, delitos contra la salud, homicidio, privación ilegal de la libertad, disparo de arma de fuego, tentativa de violación, secuestro, aborto y crueldad animal, entre otros.
En el año 2020 se emitieron ocho sentencias contra adolescentes, cinco en 2021, 10 en 2022 y en lo que va de este año no se ha emitido ninguna.
Hasta 2021, año en que se publicó el informe del ONC y la Redim, se tenía registro de 30 adolescentes privados de su libertad en Oaxaca en el centro de tratamiento Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes (DEMA).
Ante los datos del informe, Cinthia Matadamas Cruz, fiscal Especializada en Justicia para Adolescentes, asegura que no se advierte un incremento de adolescentes en grupos de la delincuencia organizada en el estado, y señala que gran mayoría de los delitos que se les atribuyen son cometidos en lo individual.
Pese a ello, afirma que sí hay casos excepcionales sobre la comisión de ilícitos por parte de adolescentes asociados a grupos delincuenciales.
“Podemos referir que, acorde a la estadística con la que se cuenta en esta fiscalía, y tomando en cuenta la competencia que tenemos, no se identifica un aumento o incremento en adolescentes actuando en grupos delictivos”, dice.
Lo anterior, explica, porque la fiscalía a su cargo conoce sólo de delitos del fuero común que se les atribuyen a personas de entre 12 años cumplidos y menos de 18 años, es decir, no tiene competencia en el fuero federal, que investiga aquellos relacionados con delincuencia organizada. Los datos oficiales indican que se abren entre 370 y 400 indagatorias al año.
Los delitos atribuidos a adolescentes y que mayormente son investigados por la FEJA son por lesiones, delitos de naturaleza sexual, robo, violencia familiar, daños, amenazas, violación a la intimidad sexual, equiparado al robo especifico, delitos contra la salud, homicidio, robo específico, allanamiento de morada, privación ilegal de la libertad, tentativa de robo, resistencia de particulares, disparo de arma de fuego, tentativa de violación, secuestro, aborto, crueldad animal, feminicidio, parricidio.
Pese a ello, el tipo de delitos en los que se investiga a adolescentes, así como su contexto, pueden dar un indicio del riesgo que tienen de vincularse a grupos criminales. El año pasado, por ejemplo, se iniciaron 404 carpetas, de las cuales cuatro fueron por homicidios dolosos y una por secuestro.
Sobre los homicidios, señala que según las líneas de investigación no se vinculan a la delincuencia organizada, pero que se suscitaron por temas de venganza derivados de problemas previos; otro fue por discusión entre hermanos y uno por una rencilla familiar.
En el caso del secuestro se estableció la participación de un adolescente y otras personas más, pero hasta el momento no se ha determinado que pertenezcan a la delincuencia organizada.
Cinthia Matadamas explica que son diversos los contextos sociales de los adolescentes que tocan el sistema de justicia penal especializado. Pero menciona que se ha identificado la vulneración de sus derechos, la falta de redes de apoyo sólidas, problemas económicos, desocupación, sobresaliendo en delitos de robo por ejemplo; la vulneración marcada al derecho a la salud, predominantemente por ser adictos al consumo de drogas y por lo cual cometen el hecho delictivo para conseguir dinero para comprar la sustancia que consumen.
En otros casos, dice, se ha identificado la vulneración a su derecho a vivir en condiciones de bienestar y a su sano desarrollo integral, derecho de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal, en donde se advierte que las personas adolescentes han sido víctimas o fueron víctimas de delitos que luego ellos replican, por ejemplo en delitos de naturaleza sexual, violencia familiar y amenazas.
Mientras que en casos de adolescentes que provienen de contextos debidamente estructurados, con redes de apoyo sólidas, con derechos satisfechos, y en donde se ha identificado que la comisión de delitos ha sido episódica, que fue por el impulso del momento que vivían, lo cual advierten en delitos como daños, de lesiones y algunos robos.
