Por vicios en el proceso legislativo; la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó, con 9 votos a favor y dos contra, el decreto de reformas a Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas que comprenden la primera parte del plan B.
Al exponer su proyecto de resolución, el ministro Alberto Pérez Dayán argumentó que el decreto transgrede la Constitución Política, además de que no respetó los reglamentos de ambas cámaras, ni fue resultado del debate entre las fuerzas partidistas.
Enfatizó que el trámite de urgencia y obvia resolución no es un permiso para aprobar leyes a tientas.
“No es un permiso para aprobar leyes a tientas; por ello, me queda claro que dispensar el trámite de una iniciativa de ley, por importante o urgente que ello sea, no supone que se deban aprobar normas sin dar a conocer su contenido a los legisladores, aún siendo lo generoso que se quiera ser en la interpretación y significado de esa frase”.
Los ministros Luis María Aguilar Morales y Arturo Zaldívar señalaron que los yerros en los que incurrieron los legisladores, propiciaron que la aprobación del decreto pervirtiera las reglas democráticas y que tuviera un efecto corruptor.
“El conjunto de vicios y yerros en la función legislativa son de tal magnitud que acarrean como consecuencia lo que yo llamaría una perversión de las reglas democráticas. Avalar un procedimiento legislativo con estos rasgos equivaldría asumir que la mayoría parlamentaria están por encima de las reglas constitucionales. La premura en que se llevan a cabo todos los supuestos, se genera una especie de efecto corruptor en el procedimiento legislativo”.
A su vez, las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Alhf externaron su rechazo al proyecto, ya que no hay infracciones en el proceso legislativo, además de que los congresistas sí tuvieron conocimiento de la iniciativa.
“Nosotros no debemos invadir e invalidar los compromisos del legislativo por respeto a la división de poderes. No se actualiza una violación al proceso al no afectarse la participación de todas las fuerzas políticas, las reglas de votación, ni la publicidad de la deliberación parlamentaria”.
Al responder a las críticas, la ministra Margarita Ríos Farjat enfatizó que la Suprema Corte está para servir a la sociedad haciendo cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen.
“Sus integrantes procuramos hacerlo, dentro del marco que la propia Constitución nos impone, conforme a nuestro leal saber y entender, y con alto espíritu de servicio. Me parece que ahí radica no sólo el equilibrio de los poderes de la Unión, sino también nuestra serenidad frente a infundios y rumores Como sucede con cualquier árbitro, nuestras decisiones gustarán a algunos y disgustarán a otros, celebro que eso sea posible porque da cuenta del fortalecido pluralismo de nuestra nación”.
En su oportunidad, la presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández, puntualizó que nuestro país es una democracia constitucional y uno de sus principios fundamentales es que las decisiones deben ser tomadas mediante procedimientos democráticos de tipo deliberativo.
