Por Víctor Barrera.
Otro tema que quedará pendiente de solucionar en México, es el referente a la seguridad, factor importante en una nación para que la gente sienta un bienestar social, que pueda salir a las calles sin ser violentados en sus propiedades y en su persona.
La seguridad, por si se le ha olvidado al inquilino de Palacio Nacional y a sus empleados, implica la protección de las personas, en todos los sentidos frente a amenazas y riesgos.
El Estado, compuesto por sus tres poderes, tiene la función primordial de garantizar la seguridad pública, así como los derechos y libertades de todas las personas, es decir, que exista un Estado de Derecho México.
Donde la justicia se imparta de manera imparcial, equitativa y transparente con base en las leyes y normas establecidas en la sociedad. La justicia debe garantizar que todas las personas sean tratadas de manera igual y se respeten sus derechos fundamentales, y para esto es necesario contar con un sistema de justicia confiable, independiente y eficiente.
Sin embargo, en estos momentos el poder Judicial enfrenta ataques directos del Poder Ejecutivo y parte del Legislativo, que implica una presión directa sobre sus decisiones, porque ante la falta de expedientes bien estructurados para evitar que cualquier resquicio judicial permita que criminales salgan a la calle sin cumplir una sentencia por sus delitos o porque existen una presión desde el poder Ejecutivo para liberar a criminales.
Si a esto sumamos que algunas declaraciones del titular del Ejecutivo que implica una relación estrecha con algunas organizaciones criminales, “me precio de tener muy buena relación con los líderes del narco”, declaró orgulloso el titular del poder Ejecutivo, la justicia no puede aplicarse como debe ser.
El resultado es que estas organizaciones, sintiéndose amparadas por el Ejecutivo, han empezado a mostrar que ellos pueden estar por encima de la ley, lo mismo amedrentan a la población que aplican la justicia desde su punto de vista.
Por supuesto, que ante la presión que estas organizaciones ejerce sobre autoridades federales, estatales y municipales hace que el índice de impunidad sea alto.
Los criminales sienten que tiene el derecho de sentarse con estas autoridades para “negociar” desde el territorio dominado y administrado hasta la posibilidad de ejercer justicia por sí mismas.
En tanto, el inquilino de Palacio Nacional, solo se asume como un locutor de radio para presentar temas musicales, realizar una narrativa que distraiga la atención del clima inseguro del país, México está condenado a vivir bajo este yugo, si los cuidadnos no hacemos algo en el 2024, para mandar a este régimen junto con López Obrador a su rancho de Palenque.
