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Alistan avance de iniciativa que dejará en manos de estados atención a desastres

En la Cámara de Diputados, la Comisión de Protección Civil estableció plazos para analizar y próximamente, dictaminar la iniciativa del Presidente de la República, que expide la Ley General de Protección Civil y Gestión de Riesgo de Desastres.

El organismo parlamentario determinó que se llevará a cabo un parlamento abierto para revisar el proyecto que será avalado antes del inicio del siguiente periodo ordinario de sesiones, en febrero del año entrante.

En su iniciativa, el Primer Mandatario planteó que los estados de la República tendrán que contemplar en sus respectivos presupuestos, recursos necesarios para hacerse cargo de dar atención a la población en casos de emergencia y desastres naturales.

Al fijar una ruta para el estudio de la propuesta presidencial, la Comisión decidió que el próximo 10 de enero de 2024 será el límite para recibir opiniones y propuestas de las personas que estén interesadas en contribuir al análisis de la iniciativa.

El próximo 15 de enero de 2024 se llevará a cabo una reunión de trabajo en formato de parlamento abierto semipresencial, en el que participarán quienes hayan enviado opiniones y propuestas y que tendrán la oportunidad de exponerlas.

Para el 26 de enero de 2024, se llevará a cabo la reunión ordinaria de la Comisión en la que se discutirá, analizará, y eventualmente, votará la propuesta de dictamen.

Lo anterior significa que la nueva norma se aprobará probablemente a inicios del siguiente periodo ordinario, en febrero de 2024.

Estados cargarán con el gasto por desastres

El planteamiento del Jefe del Ejecutivo indica que cada estado tendrá que asignar a la atención de emergencias por desastre natural, al menos el 10 por ciento del promedio de la aportación que haya realizado en los últimos 5 años, para la reconstrucción de infraestructura afectada. 

Añade que las entidades tendrán la obligación de contratar seguros y contar con otras herramientas financieras para hacer frente a los daños que lleguen a causar desastres naturales.

Sólo si los estados no tienen dinero suficiente, podrán pedir ayuda a la Federación, siempre y cuando justifiquen la solicitud y garanticen que los recursos se entregarán exclusivamente a la atención de las emergencias referidas.

La iniciativa expone que habrá “instrumentos presupuestarios” de carácter federal para la gestión de riesgos, cuyo fin será atender emergencias o desastres naturales y sustituir al Fondo para la Prevención de Desastres Naturales.

Los estados serán responsables de emitir y publicar sus instrumentos jurídicos para la atención de desastres.

Contemplarán en sus finanzas recursos para atender sus Acuerdos de Situación de Emergencia y de Situación de Desastre.

En lugar de Declaratorias de Emergencia y Desastre, se emitirán Acuerdos por el que se establece una Situación de Emergencia y por el que se Establece una Situación de Desastre. 

Los Acuerdos de Emergencia reconocerán el riesgo por amenazas naturales, mientras que los de Desastre se emitirán cuando los efectos de esos eventos superen la capacidad financiera y operativa local y la entidad deba pedir ayuda financiera a la Federación. 

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