El Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios de la Cuenca del Anáhuac ha levantado su voz para denunciar la angustiante crisis hídrica que aqueja a los habitantes de las 16 demarcaciones territoriales. Más allá de la escasez, la situación se torna crítica al vivir la incertidumbre de no contar con agua en sus hogares, teniéndola solo algunos días a la semana.
Según los afectados, la recolección y cuidado del líquido se han convertido en una rutina diaria, mientras que actores privados, al parecer, gozan de inmunidad frente a esta realidad.
La sobreextracción del acuífero y el descenso preocupante del nivel de la presa del Cutzamala son hechos innegables , señalaron, que impactan directamente en la vida cotidiana de los ciudadanos.
«Frente a esa situación, el gobierno parece minimizar una preocupación genuina de los habitantes sobre el presente y el futuro del agua. Es cierto, el agua no se va acabar para todos en junio, pero las preguntas, son ¿en junio y en los meses siguientes, para quién será el agua? ¿Para quién ha sido el agua en los últimos años? ¿Qué se ha hecho en estas administraciones para acabar con el acaparamiento y la injusta distribución del agua?», cuestionó el frente.
Soluciones únicamente para el desarrollo inmobiliario
En un señalamiento, el Frente presenta información que evidencia que, bajo esta administración, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) ha solicitado la perforación de 19 pozos en los últimos 4 años. Sorprendentemente, esta solicitud se vincula estrechamente con la conexión de 19 grandes proyectos inmobiliarios a la red hidráulica. Esto plantea la posibilidad de que la búsqueda de nuevas fuentes de abastecimiento esté directamente relacionada con el desarrollo inmobiliario.
Es importante señalar que, desde 1954, existe una veda para la perforación de nuevos pozos debido a la sobreextracción de agua y los problemas asociados con hundimientos diferenciales, «pero para saltarse esa disposición vigente, el Sacmex recurre a una artimaña legal para relocalizar el nombre de un pozo ya agotado, para así hacer ver como si la nueva perforación no fuera otro pozo, sino el mismo pero en otro sitio».
La conexión entre la perforación de pozos y el desarrollo inmobiliario plantea serias preocupaciones sobre el destino del agua. ¿Estas medidas se toman para mejorar el abasto de aquellos que ya enfrentan problemas hídricos, o más bien para asegurar el agua a proyectos de lujo? El Frente argumenta que estas acciones solo aceleran el agotamiento de los acuíferos, perpetúan el acaparamiento en manos selectas y violan los derechos fundamentales al agua, generando problemas de subsidencia en el territorio.
Un problema más allá de la política
Ante esta situación, el Frente hizo un llamado urgente a revisar, modificar o anular los dictámenes de factibilidad hidráulica emitidos para el sector comercial, inmobiliario e industrial en los últimos años. Argumentan que estos dictámenes no tomaron en cuenta la disponibilidad de agua ni las condiciones de sustentabilidad del acuífero, exigiendo la creación de nuevos criterios que guíen la otorgación de factibilidades.
Además, subrayan la incongruencia entre la respuesta gubernamental y los principios proclamados, señalando la preocupación válida y razonable por el manejo del agua en las últimas décadas. Aunque reconocen el oportunismo político de algunas fuerzas partidistas, insisten en que la crisis hídrica es un problema que va más allá de la arena política, afectando el entorno socioambiental con la desecación de ríos y canales, así como contribuyendo a procesos de injusticia social en toda la Ciudad de México.
En este contexto, el Frente llamó a la ciudadanía a buscar una gestión del agua que responda a los principios de sustentabilidad y equidad, y que trascienda las consideraciones políticas partidistas en pro del bienestar de la comunidad y la preservación del recurso vital para las generaciones venideras.
