Legisladores de Morena, PEVE, PT y PES perfilan aprobar, con su mayoría, la ley de amnistía y la de amparo con la que se impedirá que los jueces suspendan leyes o reformas generales impugnadas mediante esta figura del amparo.
De acuerdo a la oposición estas leyes pueden “blindar” sus reformas eventuales impugnaciones de la oposición para evitar que puedan ser suspendidas.
Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena, adelantó que para este miércoles se prevén dos sesiones ordinarias, en las que se desahogarán los dictámenes relativos a las reformas a la Ley de Amnistía y a la Ley de Amparo.
Monreal justificó que con los cambios a la Ley de Amparo lo único que se pretende es que los jueces de amparo respeten la Constitución: que concedan suspensión provisional para aquel quejoso que lo solicite.
“Si se presume de inconstitucional la norma, entonces que acudan al procedimiento que establece la Constitución para invalidarla, pero que no sea una facultad abusiva y discrecional la que emplee el juez de amparo para otorgar suspensiones para efectos generales”, aseveró
En un mensaje que compartió en redes sociales, Monreal defendió sus iniciativas que han sido fuertemente cuestionadas como la de Amnistía donde se advierte el riesgo de facultar al presidente de liberar a delincuentes de alta peligrosidad o narcotraficantes.
“La ley de Amnistía busca facultar al Ejecutivo Federal para que, en casos urgentes o relevantes, pueda otorgar amnistía a personas que aporten datos e información relevante para llegar a la verdad”, justificó
Dijo que muchos legisladores se asustan y cuestionan esta decisión, pero “no se asustan ni se preocupan” con lo que pasa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde quieren declarar inválido el artículo 19 constitucional, con lo que los delincuentes de alta peligrosidad o presuntos delincuentes de alto nivel quedarían libres o llevarían su proceso en libertad.
Monreal confió en que los ministros de la Corte no declaren la invalidez de esta disposición, porque, entonces sí, la sociedad estará en grave riesgo ante los más de 60 mil criminales que podrían quedar en libertad, implicados en los delitos graves que establece el artículo 19 constitucional.
“De eso no se asustan, pero sí de otorgar una sola facultad al Ejecutivo para resolver casos relevantes como Tlataya, como Allende, como Ayotzinapa”, señaló
