Por Victor Barrera 
En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se abordó el tema “División de Poderes: Medios Legales y Constitucionales” El objetivo del foro es escuchar y analizar las propuestas Al moderar las intervenciones, el diputado Ismael Brito Mazariegos (Morena) señaló que el ejercicio republicano de dialogar es fundamental para la convivencia y la armonía entre la sociedad y los pueblos, porque el diálogo como método para crear leyes y disposiciones constitucionales es un ejercicio que fortalece la relación entre poderes y ciudadanos.
Comentó que el objetivo de este foro es dialogar y escuchar, proponer, debatir, analizar y tomar juntos el mejor camino para construir el futuro que el pueblo de México requiere.
“Un futuro de certeza jurídica, de confianza en el Poder Judicial y de justicia”.
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Laynez Potisek, recordó que la jurisprudencia de la Corte que permite revisar el proceso legislativo data del año 2008, fue la primera y expedida precisamente por los grupos minoritarios que no eran escuchados en los parlamentos.
Respecto a que el proceso legislativo no esconda a las minorías una iniciativa o una dictaminación, dijo que desde 1996 la Corte ha abordado este punto en 221 asuntos y lleva cuatro declaratorias de leyes federales, por lo que “no veo el abuso de la Corte por proceso legislativo”.
En consulta indígena, continuó, se tiene la obligación constitucional: “legislador, cuando legisles y emitas una ley en materia indígena consulta a los pueblos y comunidades indígenas”; mencionó que 116 asuntos en la Suprema Corte, en 91 nunca se les consulta.
“Ese asunto llega a la Corte impugnado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o las comisiones y yo pregunto, si ustedes estarían en mi lugar, ¿qué harían?”.
La consejera de la Judicatura Federal, Celia Maya García, señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha incurrido en graves malformaciones, exceso de gastos, privilegios inaceptables, pero el mayor defecto es su corporativismo, el cual la ha aislado de la sociedad y así su incapacidad orgánica de servir al pueblo impartiendo justicia bajo los parámetros que mandata la Carta Magna.
“La justicia no funciona, está paralizada en sus prácticas de control, influyentísimo y parcelas de poder”.
Comentó que la transformación que se busca no reduce el espacio del Poder Judicial, solo toca su método de nombramiento, permanencia y una reconfiguración de su competencia.
“La Corte no ha honrado la misión que el pueblo le ha confiado y del Consejo de la Judicatura, hay que decir que las estipulaciones normativas y esquemas administrativos que fueron expedido para regularlo lo han colapsado”.
Se requiere de personas juzgadoras con altos niveles Julia María del Carmen García González, magistrada del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, indicó que en el Poder Judicial de la Federación se sabe que es indispensable una reforma y que hay una deuda histórica para que la justicia sea pronta, accesible, efectiva, diligente, empática y cercana; sin embargo, para ello se debe entender que lejos de minar sus cimientos se debe fortalecer sus presupuestos, “de lo contrario solo es retórica cuando cada día crecen más los asuntos que llegan a los tribunales y no hay los recursos materiales suficientes”.
Resaltó que México requiere personas juzgadoras con altísimos niveles de profesionalización, experiencia en la altura de su responsabilidad republicana, “lo que difícilmente se logrará desmantelando la carrera judicial”; además, con esta propuesta se ignora la carrera judicial que mucho personal tiene.
Cuestionó cómo la elección de las personas juzgadoras mediante el voto popular daría como resultado una administración de justicia que verdaderamente atienda los problemas.
El juez de Distrito adscrito al Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el estado de Chiapas, Mario Felipe Mata Ríos, subrayó que la elección actual de ministras y ministros ha brindado ejemplos de éxito, pero el último ejercicio dejó en claro que se debe de cambiar y que casi cualquier sistema que se elija será mejor que el de designación directa; no obstante, el cambiar a los actuales ministros y la integración de la Corte es un atentado mayúsculo a la división de poderes y a la independencia judicial, y aclaró que el hecho de que los jueces no sean populares no significa que no hagan bien su trabajo ni mucho menos que sean corruptos.
Relató que a ellos nadie los propone para el puesto, sino que han llegado a ser juzgadores por sus méritos, conocimientos y desempeño en la carrera judicial.
Llamó a analizar qué tipo de reforma se quiere, una que potencie al sistema judicial, en donde se mejore el régimen jurídico, el cual incluye fiscalías, tribunales locales y administrativos, centros de conciliación y a los abogados postulantes, o se pretende una reforma como la planteada que no resuelve los problemas, y donde “su principal error, es que está cimentada bajo primicias falsas y por eso no estamos de acuerdo. Nosotros venimos del pueblo”.
Rosario Chacón Sánchez, presidenta del Consejo Estatal de Notarios de Chiapas, mencionó que la reforma judicial ha abierto un camino de transformación que busca fortalecer la transparencia, eficiencia y acceso a la justicia, y es una respuesta a las demandas de una sociedad que exige un sistema judicial más justo, equitativo y accesible.
“Entre los puntos más destacados de esta reforma, es la implementación de los mecanismos alternativos de solución de controversias”.
La reforma judicial y el fortalecimiento del notariado mexicano, puntualizó, representan un paso firme hacia un México mejor en el que la justicia y legalidad sean siempre pilares indiscutibles de nuestra sociedad. “Todos tenemos un papel en este proceso de transformación y juntos construiremos un sistema judicial más justo, eficiente y confiable”.
Arturo Espinoza Silis, abogado y socio de la consultoría “Strategia Electoral”, comentó que no se puede negar la necesidad de una reforma que se centre en mejorar la impartición de justicia y garantice de mejor manera los derechos, porque el acceso e impartición de justicia son un derecho y el Poder Judicial tiene áreas de oportunidad. “Como usuarios del sistema de impartición de justicia sabemos de las deficiencias, pero también se entiende la importancia de tener una Judicatura sólida que genere contrapesos.
Relató que en ningún país del mundo se elige a la totalidad de la Judicatura mediante el voto popular, por lo que se debe legislar desde la evidencia y no experimentar con la justicia.
La reforma al Poder Judicial, dijo, debe ser integral, incluir a las fiscalías, a los ministerios públicos, a los tribunales administrativos agrarios y a la judicatura local, pues “se garantizará una mejor impartición de justicia.
La transformación de la justicia es de abajo hacia arriba, es tiempo de más derechos y que exista un verdadero acceso a la justicia y para ello se necesitan tribunales independientes y profesionales”.
Andrés Norberto García Repper Favila, abogado especializado en derecho electoral y procedimientos político-constitucionales, dijo que con estos diálogos nacionales se hace historia porque “estamos dialogando temas que a todos nos importan” y aquí hay juristas, politólogos, políticos y público en general que vienen a escuchar razones.
Consideró que en el transcurso de los años los “tres poderes se convirtieron en feudos y no deberían llamarse poderes sino ramas”, la rama Judicial, Ejecutiva y Legislativa. Eso, dijo, ha hecho, aunado a la opacidad, que se emitan resoluciones como “la suspensión ilegal la reforma en materia electoral” y que un juez decidiera “invadir la competencia de un órgano constitucional diciendo que le daba 24 horas para nombrar magistrados”.
El investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Jaime Cárdenas Gracia, consideró necesario que las decisiones de los tribunales supremos o de la Corte puedan ser sometidas, en algunos casos y cuando el pueblo lo demande, al referéndum, o pensar en el instrumento que contiene la carta de derechos de Canadá, que establece cómo el Congreso con una mayoría, en este caso el parlamento canadiense, puede suspender o revocar decisiones de la Corte Suprema.
No obstante, indicó, se debe tener cuidado con los tratados, pues México ni puede estar firmando tratados sin ton ni son, ya que los tratados de derechos humanos que tienen la jerarquía de la Constitución “al menos debieran de ser aprobados con el mismo procedimiento de reforma de la Constitución y, en su caso, ser aprobados por el referéndum de los ciudadanos”.
Eduardo Andrade Sánchez, abogado y doctor en ciencia política, comentó que una de las principales virtudes de un encuentro como este es que se aproveche el revisar la confrontación que se tiene respecto de algunos conceptos. Dijo que otro aspecto que debe ser corregido en la academia y aplicación de justicia es el exceso por parte del Poder Judicial.
“Debo decir que esta figura del interés legítimo tampoco tuvo la pretensión de convertirse en la base de acción política de grupos que quieran ir contra las decisiones mayoritarias, que quieran obtener por la puerta de atrás de la Judicatura lo que no obtuvieron por la puerta de enfrente de los votos. El interés legítimo se ha deformado, se ha convertido en un interés difuso”, agregó.