Por Victor Barrera 
Con la sola modificación del procedimiento de designación de jueces y magistrados, como se plantea en la iniciativa de reforma del Poder Judicial, no se resolverá mágicamente el problema de justicia, el rezago, la lentitud de los procedimientos o la impunidad en la comisión de los delitos, afirmó la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Yasmín Esquivel Mossa.
Se trata, expuso, de problemas que, en la mayor parte de los casos, no tienen que ver con el tema de los servidores públicos concretamente, sino con deficiencias que atañen a otro tipo de aspectos que tenemos que analizar.
Por ello, debemos evitar suponer que la reforma judicial es una especie de sanción a las personas juzgadoras que retribuye el mal desempeño, ya que quienes hemos servido en la impartición de justicia conocemos la escasez con la que se trabaja.
En su participación en el foro sobre la Reforma al Poder Judicial: Efectos en beneficio de la Ciudad de México, aseveró que no podemos como Estado fallar en la reforma más importante de los últimos 200 años que exigen los mexicanos.
De ahí la importancia de resolver el primer obstáculo, que consiste en avanzar en la elección de los juzgadores dentro de la variedad de posibilidades que existen, por lo cual propuso una sustitución progresiva de jueces cada tres años de las vacantes que se generen.
Ante diputados locales y federales en funciones y electos reunidos en el patio Octavio Paz de la Biblioteca de México, la ministra Loretta Ortiz destacó, a su vez, que la reforma además plantea que los justiciables no esperen más de 10 años para ser sentenciados, que se incorpore la mediación obligatoria y la austeridad del Poder Judicial federal y local.
De esta manera, los ministros en funciones, cuando entre en vigor la reforma, ya no tendrían el haber de retiro, seguro de gastos médicos mayores y sus salarios no serían mayores al del Presidente de la República, y desaparecerían los fideicomisos.
Todo, conforme a la justa medianía. No se va a manejar con esa ostentación que hasta la fecha se ha manejado; podremos operar en una justa medianía, buscando que nuestras sentencias sean en beneficio de la sociedad y que se haga justicia para todos, manifestó.
El coordinador de la asociación parlamentaria Izquierda Liberal, Jorge Gaviño, afirmó que la impartición de justicia se encuentra en una verdadera crisis, pues además del rezago que enfrenta, 42 por ciento de las personas no consideran efectiva la labor de jueces.
Mientras, 41 por ciento manifiestan no tenerles confianza y 66 por ciento los califican de autoridad corrupta, por debajo de la policía de tránsito, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, que también corrobora la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.