Por Victor Barrera 
A fin de fomentar programas que estimulen la creación de un fondo de ahorro y subsidios para la primera vivienda para la población joven laboralmente activa y garantizarle el acceso a una vivienda digna, la diputada Sue Ellen Bernal Bolnik (PRI) impulsa una iniciativa que reforma la Ley de Vivienda.
Plantea que los subsidios para la vivienda puedan otorgarse a las y los estudiantes de educación superior que demuestren encontrarse en situación de vulnerabilidad y residan fuera de su estado de origen por motivos académicos.
La elegibilidad para recibir dicha ayuda, establece la iniciativa, será determinada mediante un análisis técnico efectuado por las instancias de vivienda competentes, con el propósito de contribuir a cubrir los gastos de una vivienda temporal de las y los beneficiarios.
La propuesta también busca que la Comisión Nacional de Vivienda proteja y garantice el derecho a una vivienda digna y decorosa para la población económicamente activa y en condiciones de vulnerabilidad, a través del desarrollo, ejecución y promoción de esquemas y programas que prioricen a la población joven.
Dentro de las funciones de la Comisión Intersecretarial de Vivienda, la reforma sugiere acordar inversiones y mecanismos de financiamiento y coordinación para ampliar la oferta habitacional a las y los jóvenes laboralmente activos.
Además, que los acuerdos y convenios que se celebren con los sectores social y privado puedan tener por objeto el coordinar los convenios de subsidios especiales a los entes que otorguen más y mejores facilidades de acceso a una vivienda digna a la población joven que esté ocupada en algún trabajo.
Propone que las instituciones de la banca de desarrollo vinculadas con el sector de vivienda, diseñen e instrumenten programas que fomenten fuentes de financiamiento para generar oportunidades que faciliten a la población joven el acceso a una vivienda.
La diputada Bernal Bolnik refiere que estudios recientes mencionan que la población mexicana con menos de 30 años recibió 23.16 por ciento del total de los créditos hipotecarios otorgados tanto por organismos públicos como de la banca privada.
De ahí que, de los 282 mil 535 créditos para adquisición de vivienda otorgados durante 2023, más de 65 mil 400 se han entregado a una persona de hasta 29 años, según los datos del Sistema de Información e Indicadores de Vivienda.
Indica que con el paso del tiempo las posibilidades que tienen las y los jóvenes de adquirir una vivienda propia se han reducido debido, principalmente, a la falta de empleos decentes y a una falta de regulación en la industria inmobiliaria, lo que los obliga a prolongar su permanencia en la vivienda familiar y crear nuevas configuraciones de convivencia entre padres e hijos que limitan su desarrollo como ser humano independiente.
Aunado a ello, en México, uno de cada seis estudiantes se considera foráneo y tiene que cambiar radicalmente su forma y estilo de vida. Por ello, el 16.6 por ciento del total de estudiantes tiene que dejar su lugar de origen para estudiar el nivel superior en alguna de las metrópolis: Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Nuevo León y Jalisco.
La legisladora señala que las y los jóvenes optan por rentar espacios o departamentos en distintas zonas del país, los cuales suelen ser de menor costo y más accesibles, pero se encuentran en zonas peligrosas, violentas y ruidosas, que los exponen a sufrir asaltos, robos, secuestros, entre otros factores que influyen directamente en el desempeño académico.
Menciona que adquirir una casa resulta imposible para el 70 por ciento de las y los jóvenes mexicanos. Alrededor de 51 por ciento de las personas que rentan en México lo hace porque no tiene acceso a créditos hipotecarios. En el país, siete de cada 10 se creen incapaces de poder adquirir una casa por limitaciones económicas, dificultades laborales, mitos sobre los créditos hipotecarios y falta de regularización del mercado inmobiliario.
Relata que los precios de las viviendas han aumentado de forma constante, pues en promedio subieron 42 por ciento.
Agrega que en la actualidad “no existe una política nacional específica en materia de acceso a la vivienda para la juventud”, y se vuelve una exigencia social para que se impulse, tanto en las instituciones financieras y del gobierno.
La iniciativa que reforma y adiciona los artículos 19, 34, 42, 58, 60 y 62 de la Ley de Vivienda, fue remitida por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados.