Por Victor Barrera 
La Asociación Nacional de Manufactureros (NAM) de Estados Unidos considera que de llevarse a cabo la reforma judicial en México tal y como está, complicará la próxima revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá en el 2026.
Luego de participar en un evento realizado por el Wilson Center, el director de Política Internacional de NAM, Dylan Clement, sostuvo que hay preocupación entre esta industria que tiene fuertes inversiones en México porque los cambios podrían socavar el Estado de Derecho y erosionar el clima de negocios.
«Las enmiendas constitucionales conllevan el riesgo de complicar enormemente la próxima revisión del T-MEC, que Estados Unidos, Canadá y México realizarán en el 2026», advirtió.
La preocupación de esos cambios también se extienden a la eliminación de las agencias reguladoras y de supervisión del Gobierno, como el organismo de libertad de información de México, INAI, y su agencia antimonopolio, Cofece, así como el que todos los jueces mexicanos, incluidos los de la Suprema Corte, sean elegidos por voto popular.
El director de la NAM describió que en los últimos 10 años los fabricantes estadounidenses han expandido dramáticamente sus instalaciones y operaciones en México, totalizando más de 25 mil millones de dólares, de acuerdo con el Departamento de Comercio de EU.
«Cuando los fabricantes invierten, invierten grandes cantidades de capital, literalmente, en el suelo, que es costoso de reubicar una vez construido. No pretendemos saber cómo resultará la reforma judicial, (pero) los fabricantes temen el riesgo asociado con la implementación de cambios radicales en el sistema judicial de México en un plazo tan corto».
Clement aseveró que las enmiendas constitucionales que forman parte de un paquete de reformas propuestas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador son radicales a la Constitución mexicana, por lo que buscan saber si la próxima Presidenta, Claudia Sheinbaum hará realidad esos cambios y cómo vendrán.
«Los cambios propuestos al sistema judicial de México podrían erosionar los controles y equilibrios dentro del Gobierno de México, politizar los resultados judiciales, socavar el Estado de Derecho y resultar en mayores niveles de corrupción en todo México», dijo.
«Para los inversionistas, estos desafíos se verían agravados por el debilitado mecanismo de solución de controversias entre inversionistas y Estados del T-MEC, que requiere que los inversores extranjeros recurran al sistema judicial interno de México antes de buscar un panel de arbitraje neutral a través del T-MEC», señaló.
En última instancia, dijo Clement, cualquier erosión del clima de negocios dañará el atractivo de México como destino para los fabricantes que buscan acercar sus cadenas de suministro a Estados Unidos.