Por Victor Barrera 
La diputada Yolanda De la Torre Valdez (PRI) propuso adicionar la Constitución Política, con el objetivo de instituir que el Estado deberá establecer el principio de accesibilidad como base de conducción en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, a fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad.
La iniciativa, que plantea adicionar un párrafo al artículo 4º de la Carta Magna y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, sostiene que, en el marco de la construcción de una sociedad inclusiva y equitativa, la adopción del principio de accesibilidad en la toma de decisiones públicas por parte del Estado se erige como una necesidad imperativa.
Este precepto, indica, busca garantizar que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan participar plena y efectivamente en todos los ámbitos de la vida pública y política.
Señala que la accesibilidad como principio rector en la Constitución Política define el camino a seguir por las autoridades en todas sus decisiones y actuaciones cuando se trate de las personas con discapacidad, porque su función orientadora permite hacer efectivo el acceso a sus derechos humanos.
Asimismo, la “accesibilidad como derecho” tiene un impacto directo en la mayoría de los bienes y servicios necesarios para el acceso a los derechos humanos, tales como la movilidad, la información, las comunicaciones y la vivienda.
“El ejercicio del derecho a la accesibilidad permite a su vez el acceso a otros derechos fundamentales para el bienestar psicológico, físico y social”, asevera.
En la exposición de motivos menciona que, en México, según el Censo del INEGI 2020, 20 millones 838 mil 108 personas tenían alguna limitación, discapacidad o problema o condición mental, quienes representan el 16.5 por ciento de la población.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social (Coneval), la población con alguna discapacidad presenta grandes problemas para poder acceder a sus derechos y en su gran mayoría se encuentra en situación de pobreza.
Por ello, afirma la legisladora, es importante que se incorpore el derecho a la accesibilidad en la Constitución Política, que promueva y garantice la mayor accesibilidad posible en la construcción de las políticas públicas destinadas al acceso a los derechos de la población.
Destaca que asegurar la accesibilidad no solo es un mandato de derechos humanos, sino también una estrategia fundamental para promover la igualdad de oportunidades y el desarrollo integral de las personas con discapacidad.
Este enfoque, concluye, no solo mejora la calidad de vida de esta población, también enriquece el tejido social al fomentar la diversidad y la inclusión en la esfera pública.