Por Victor Barrera 
La Casa Blanca advirtió este viernes al presidente venezolano, Nicolás Maduro, que si no “hace lo correcto” y publica las actas de los resultados de las elecciones del pasado 28 de julio, Estados Unidos llevará a cabo más acciones contra Venezuela.
“Hemos emitido sanciones. No vamos a descartar nada en el futuro”, apuntó el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, en una rueda de prensa telefónica.
Kirby agregó que Maduro “tiene opciones y decisiones que sólo él puede tomar” y “la primera decisión que debe tomar es publicar todos los datos y resultados electorales para que todo el mundo pueda ver cómo se desarrollaron esas elecciones y cómo y hasta qué punto se cumplió realmente la voluntad del pueblo venezolano”.
Estados Unidos sancionó el jueves a 16 funcionarios venezolanos, entre ellos miembros del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de la Asamblea Nacional, por proclamar “falsamente” la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Entre los sancionados figuran la presidenta del Tribunal Supremo, Caryslia Rodríguez; la presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral del CNE, Rosalba Gil Pacheco; y el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante Aparicio.
Paralelamente, el Departamento de Estado prohibió la entrada al país de “funcionarios alineados con Maduro que han socavado el proceso electoral en Venezuela y que son responsables de los actos de represión”, aunque no reveló el número ni sus identidades.
“Francamente, la decisión más importante en este momento para él es si va a hacer lo correcto para el pueblo venezolano. Él tiene que tomar esa decisión. Y si no lo hace, tendremos que tomar algunas decisiones adicionales por nuestra cuenta”, agregó Kirby.
Como respuesta a estas sanciones, en un comunicado el Ejecutivo venezolano rechazó, en “los términos más enérgicos” el “nuevo crimen de agresión cometido por el Gobierno de los Estados Unidos de América en contra de Venezuela, al imponer medidas coercitivas unilaterales, ilegítimas e ilegales a un grupo de funcionarios de Estado”.