Un tribunal colegiado ordenó suspender la publicación del decreto de la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación (DOF) hasta el 11 de octubre de este año, fecha en la que un juez de distrito resolverá si le otorga la suspensión definitiva a una asociación civil que impugnó la iniciativa.
Por unanimidad, el órgano jurisdiccional consideró fundado el recurso de queja que interpuso la Fundación Iris en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, para reclamar la omisión del juzgador de no otorgarle la suspensión provisional contra la publicación del decreto.
Al respecto, los magistrados consideraron procedente modificar la resolución del juez y otorgarle a la asociación la medida cautelar, pues la publicación y entrada en vigor de la reforma ocasionaría daños y perjuicios de imposible reparación.
Del mismo modo, señalaron que la reforma impugnada es de gran trascendencia para el país, pues la pretensión del legislador es clara en cuanto a que tiene como fin o efecto “desaparecer el Poder Judicial de la Federación como fue establecido por el Poder Constituyente en la Carta Fundamental”.
También el tribunal rechazó la solicitud de la fundación para que se pidiera a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ejerciera su facultad de atracción, toda vez que en este asunto se están analizando cuestiones relacionadas con la suspensión provisional, las cuales deben resolverse dentro del plazo legal de 48 horas.