Por Victor Barrera 
La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), criticó la ampliación del decreto presidencial de Andrés Manuel López Obrador, que permite la legalización de autos que ingresaron a territorio nacional y permanecen en él de manera ilegal, conocidos como autos chocolate.
El organismo detalló que cerca de 560 mil vehículos han sido regularizados desde el 2022, fecha en la entró en vigor, dicho decreto y que se ha ido prorrogando, incluso en un periodo fuera del mandato del actual sexenio, ya que sólo tenía unos días más de vigencia, al 30 de septiembre, pero que fue extendido hasta el 30 de septiembre del 2026.
El organismo encabezado por Guillermo Rosales dijo que es lamentable que, con esa decisión, a escasos días de terminar su mandato, el ejecutivo federal invada el periodo de Claudia Sheinbaum, extendiendo esa medida y echando abajo el compromiso y trayectoria profesional de la próxima presidenta, de revertir una política gubernamental nociva para México.
El organismo recordó que, entre los requisitos, el decreto sólo consideraba a los autos que antes del mismo, ya estaban en territorio nacional para su legalización, al tiempo que excluye a unidades que tienen restringida su circulación en México o de lujo y deportivos. Así como aquellos con reporte de robo o relacionados con algún delito, sin que haya autoridad que de certeza de estos puntos.
La AMDA dijo que los requisitos han sido letra muerta y coloca a los funcionarios que autorizan la regularización como colaboradores de bandas criminales, dedicadas a esta importación ilegal y de fomento al contrabando.
Añadió que para constatar esta versión están los flujos crecientes de automotores que se han legalizado y se siguen legalizando.
Advirtió que se ha generalizado la corrupción entre los funcionarios públicos que no sólo no hacen su trabajo, sino que además toleran la venta en la vía pública de estas unidades. Señaló que los más beneficiados del decreto de López Obrador por esta práctica son los grupos criminales.
Finalizó señalando las afectaciones a la economía, ya que entidades como Chihuahua, registran un retroceso en la comercialización de unidades de 5.6 por ciento, mientras que, en el país, el crecimiento promedio es del 12.1 por ciento o en Baja California, dónde el crecimiento apenas llega al 2 por ciento.