Por Victor Barrera 
El diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo (Morena) presentó una iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona al párrafo cuarto del artículo 4° de la Constitución Política, para establecer que “el Estado garantizará medicamentos y atención médica integral, universal, gratuita y adecuada al sector vulnerable que la requiera”.
En el documento, turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales, el legislador argumenta que el derecho a la salud debe ser entendido como un mandato para que los servicios médicos se adapten a las realidades geográficas y sociales de la población; el sistema de salud debe responder a las particularidades de cada contexto específico, y llegar a las zonas rurales o alejadas, donde las barreras geográficas limitan el acceso a clínicas y hospitales.
“En México, este derecho tiene un papel crucial en la promoción de la justicia social y en la reducción de las desigualdades que existen entre las diferentes regiones y sectores de la población”, destaca.
Refiere que, en el año 2000, el 40.8 por ciento de la población estaba afiliada a algún servicio de salud, cifra que aumentó en 2022 a aproximadamente 73.5, casi 33 puntos porcentuales.
Reconoce que el país ha avanzado en la ampliación del acceso a los servicios de salud en las últimas dos décadas, pero aún persisten desafíos, pues en 2022, alrededor de 33 millones de personas (26.5 por ciento de la población), no tenía acceso a dichos servicios. Por ello, resalta, es necesario seguir trabajando para cerrar esta brecha, en especial para los sectores más vulnerables.
En este sentido precisa que esta reforma permitirá adecuar la legislación secundaria necesaria para garantizar que los sectores vulnerables dispongan de servicios de salud, y será más viable modificar las leyes en la materia para asegurar que tanto los adultos mayores como las personas con discapacidad reciban servicios de salud adaptados a sus necesidades particulares.
Además, con esas modificaciones se fortalecerá el marco jurídico y se promoverá un sistema de salud que cumpla con los principios de equidad y universalidad, asegurando que todos los ciudadanos, sin distinción, puedan ejercer plenamente su derecho a la salud, tal como lo establece la Constitución.