Por Victor Barrera 
La diputada Rocío Natalí Barrera Puc (Morena), a través de una iniciativa, propuso reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para que las instancias de procuración de justicia apliquen protocolos homologados y especializados cuando se trate de delitos por motivo de género.
Asimismo, para que la Fiscalía General de la República y las entidades federativas elaboren y apliquen dichos protocolos con perspectiva de género en la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, investigación de delitos de discriminación, feminicidio, trata de personas y contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual.
El documento, enviado a las comisiones unidas de Justicia y de Igualdad de Género, señala que el acceso a la justicia pronta, expedita y efectiva es un derecho fundamental para garantizar el resto de los derechos humanos de las mujeres y vivir libres de violencia, principalmente evitar la revictimización de ellas y sus familias, e impedir la repetición de los delitos.
Indica que los protocolos son fundamentales durante todos los procesos que involucran la atención de la violencia contra las mujeres, desde los primeros respondientes, como son las actuaciones de los policías preventivos, los ministerios públicos y los juzgadores.
Por ello, es necesario que a través de la homologación se garantice que las instancias correspondientes de procuración de justicia fortalezcan, actualicen y apliquen los protocolos de actuación con la debida diligencia, como herramientas fundamentales para el acceso de las mujeres a la justicia.
También, se fortalece la capacitación al personal encomendado a la procuración de justicia, policías y demás funcionarios encargados de la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres, así como la puntual y efectiva aplicación de los protocolos para la investigación de estos delitos, ya que las primeras horas en la mayoría de los casos son de suma importancia para evitar incluso que se perpetren otros delitos.
La diputada Barrera Puc señala que con su propuesta se fortalece la coordinación interinstitucional entre las procuradurías para coordinar esfuerzos en la armonización de estos protocolos, y actualizarlos de manera constante derivado de la importancia de estos mecanismos para el cumplimiento y la debida diligencia en el actuar de las procuradurías.
Comentó que han sido importantes los esfuerzos del Estado mexicano para erradicar la violencia contra de las mujeres, flagelo que representa un grave problema que atenta contra de la dignidad y la vida de las mujeres y de la sociedad en general.
De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a julio de 2024 en México se registraron 74 mil 2 delitos del fuero común contra mujeres, 463 feminicidios y mil 556 homicidios tipificados como dolosos contra mujeres.
Mencionó que la erradicación de la violencia contra mujeres debe ser una tarea coordinada que involucre a la sociedad y a todas las instituciones y Poderes de la Unión. “Como legisladoras y legisladores es nuestra obligación velar porque nuestro marco jurídico esté armonizado en este sentido y, con ello, se complete la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres”.