Por Victor Barrera 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) analiza la consulta hecha por el Instituto Nacional Electoral (INE), sobre las suspensiones emitidas contra la reforma judicial y si debe acatarlas o no, para evitar responsabilidades legales por desacato, indicó el magistrado Felipe Alfredo Fuentes.
Entrevistado en la Cámara de Diputados, donde acudió a la firma de un convenio académico entre esas instituciones, se le cuestionó sobre la decisión del INE de pedir una opinión jurídica sobre la viabilidad legal de cumplir o no las suspensiones definitivas respecto a la reforma judicial.
Lo anterior, en el contexto de la negativa de la presidenta de la República a cumplir la orden de una jueza que instruyó a retirar del Diario Oficial de la Federación (DOF) el texto de la reforma constitucional.
“Eso es lo que tenemos que resolver precisamente en esta consulta que nos realizó el INE, como comprenderán es un tema de fondo sobre el que no puedo adelantar criterio (…) el INE lo que nos consulta es si precisamente, frente a estas actuaciones de los jueces de distrito que han suspendido los actos reclamados, pueden continuar o no su tarea”, expresó.
“¿Se cae en desacato o no por parte de la presidenta?”, se le preguntó en relación con las respuestas públicas de la Jefa del Ejecutivo Federal.
“Eso es lo que vamos a ver en este asunto”, atajó.
Fuentes Barrera habló del procedimiento a seguir para atender la solicitud de los consejeros electorales a nivel nacional.
Sin dar detalles a fondo por tratarse de un caso en estudio, indicó que el procedimiento incluye solicitar información a las autoridades involucradas y crear un expediente, cuyo resultado deberá ser expuesto ante la Sala Superior del Tribunal, para emitir una resolución final.
“Se tiene que seguir el trámite de ley, emplazar a las autoridades, requerir los informes correspondientes, integrar el expediente y entonces el ponente formulará un proyecto que debatiremos seguramente al interior de la Sala Superior”, dijo.
Agregó que los magistrados electorales y toda autoridad involucrada, tiene la obligación de acatar lo que determinó el Constituyente sobre la organización, así como las impugnaciones que se presenten.