Por Victor Barrera 
Con el fin de adoptar medidas que fortalezcan la protección del medio ambiente, si como disuadir y prevenir actividades que dañen o destruyan el medio ambiente, el Grupo Parlamentario del Partido Verde, propuso reformar las leyes penales y ambientales para tipificar como delitos graves estas conductas y sancionar hasta con diez años de prisión, cuando el perjuicio al entorno ecológico se realice con dolo, es decir, con el pleno conocimiento de que se está cometiendo un delito.
Para ello, la bancada del Partido Verde, plantea reformar diversas disposiciones del Código Penal Federal, el Código de Nacional de Procedimientos Penales, y la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, a fin de incluir como delitos graves diversas conductas que dañan el entorno ecológico y elevar las penas vigentes para contemplar hasta diez años de prisión y multas, hasta el doble de severas, para quienes cometan ilícitos como el desmonte y la destrucción de áreas forestales, el transporte y comercio ilegal de maderas, las peleas de perros, la caza ilegal y la comercialización de especies de flora y fauna silvestre.
Asimismo, el daño a ecosistemas críticos como los manglares y humedales, así como la introducción de recursos forestales o de vida silvestre a nuestro país que porten enfermedad contagiosa, y que propaguen la enfermedad en nuestros ecosistemas. También la descarga inapropiada de aguas residuales, líquidos químicos o bioquímicos, y la disposición de desechos contaminantes en suelos y cuerpos de agua, prácticas que comprometen la salud ambiental y la sostenibilidad de los recursos naturales.
De acurdo con la iniciativa, se propone castigar con mayor fuerza los delitos ambientales con el objetivo de disuadir la comisión de conductas contra el medio ambiente por las penas a las que pueden hacerse acreedores quienes las ejecuten. Con esto se busca proteger los recursos naturales de cualquier ilícito y garantizar el derecho al medio ambiente sano como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, resalta la propuesta.
Al presentar la propuesta ante el pleno legislativo, la diputada ecologista, Gabriela Benavides Cobos, destacó que es alarmante ver cómo los delitos ambientales son cada vez más frecuentes en nuestro país. Señaló que, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en 2016 estos crímenes ambientales generaron entre 91 mil millones y 259 mil millones de dólares a nivel global, situándolos como el cuarto crimen más lucrativo a nivel internacional, solo por detrás del narcotráfico, la falsificación y la trata de personas.
Añadió que, además, cada año, perdemos aproximadamente 500 mil hectáreas de bosques debido a la tala ilegal, mientras que la caza furtiva y el tráfico de especies en peligro de extinción no solo están diezmando nuestra fauna, sino también debilitando la capacidad de nuestros ecosistemas para sostener la vida.
Es por ello que la propuesta del Partido Verde, dijo, se centra en tres pilares fundamentales: Aumentar las sanciones para quienes atenten contra los recursos naturales, como la contaminación de suelos y cuerpos de agua, la caza y el tráfico ilegal de especies; clasificar los delitos ambientales como graves, para asegurar su plena persecución y, por último, fortalecer la reparación del daño ambiental, exigiendo no solo la compensación económica, sino la restauración de los ecosistemas dañados a través de sanciones y multas adecuadas.
La iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y Medio Ambiente para su discusión y dictamen.