Por Victor Barrera 
ara de Diputados se mantiene el interés legislativo por reactivar la discusión de la reducción de jornada laboral. Con las últimas dos propuestas presentadas esta semana, en la Cámara Baja se acumulan cuatro proyectos con el mismo objetivo, reconocer dos días de descanso por cada cinco de trabajo, lo que implicaría una disminución de 48 a 40 horas.
Hasta ahora, las bancadas de Movimiento Ciudadano (MC), el Partido del Trabajo (PT) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), esta última con dos proyectos, son las fuerzas políticas que han presentado iniciativas.
La discusión no es nueva, en la legislatura pasada se aprobó un dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara Baja para modificar la Constitución y reducir el tiempo de trabajo, pero el proyecto no fue votado en el pleno y quedó desechado con el fin de la legislatura.
A diferencia de la última propuesta, la mayoría de los nuevos intentos legislativos incorporan a los servidores públicos en la semana de 40 horas; ya que plantean cambios tanto al apartado A como al B del artículo 123 de la Constitución.
Sólo las propuestas de la bancada del PT y del diputado Napoleón Gómez Urrutia (Morena) no platean una transición gradual, aunque otorgan plazos de entre seis meses y año y medio para que el Congreso de la Unión realice las adecuaciones a las legislaciones secundarias.
La presidenta Claudia Sheinbaum incluyó la reducción de jornada laboral en sus compromisos asumidos en el primer día de gobierno, la mandataria aseguró que la semana de 40 horas se alcanzará gradualmente en el sexenio y en acuerdo con los empleadores.
En ese sentido, el diputado Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara Baja, afirmó que la disminución del tiempo de trabajo será una prioridad en la agenda legislativa y no podría descartarse su aprobación antes de finalizar el año.
Esto es lo que se ha planteado en las propuestas presentadas hasta ahora:
Al menos dos proyectos contemplan una implementación gradual de la disminución de las horas de trabajo. La reforma promovida por el diputado Manuel Vázquez (Morena) propone un esquema basado en el tamaño la unidad económica, entre más pequeño el centro de trabajo, mayor el plazo para reducir la jornada laboral. Este sería el esquema:
Empresas grandes: seis meses
- Empresas medianas: año y medio
- Empresas pequeñas: dos años
- Empresas micro: tres años y medio
Por otra parte, la propuesta del diputado Juan Ignacio Zavala (MC) si bien no define plazos para la implementación, sí plantea la creación de programa piloto de un año coordinado por las Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) y Economía (SE), para recabar información y evaluar la productividad.
Posteriormente, la STPS tendrá un plazo de 180 días para convocar a mesas de trabajo con el objetivo de definir una transición gradual de 48 a 40 horas en el límite legal de tiempo laboral por semana.
Protección al salario
Todas las propuestas contemplan la protección del salario ante la reducción de las horas de trabajo; es decir, que la disminución del tiempo no esté acompañada de ajustes a la baja en la compensación de los trabajadores.
Algunos proyectos plantean establecer desde la Constitución el derecho de los trabajadores a recibir de manera íntegra su salario por los dos días de descanso. La protección salarial es una recomendación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ante una reducción del tiempo laboral.
Servidores públicos
Como se anticipó, la mayor parte de los proyectos sí incorporan a los trabajadores al servicio del Estado, de avanzar estas propuestas, dependencias públicas y congresos -federales y locales- tendrán que garantizar una jornada laboral de máximo 40 horas por semana.
La propuesta anterior impulsada por Susana Prieto no contemplaba a los servidores públicos. En su momento, la legisladora aseguró que esta población trabajadora no fue incluida porque en el gobierno las semanas laborales de cinco días suelen ser más comunes.
Sin embargo, en los gobiernos federal y locales se emplean cerca de 5 millones de personas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), este universo quedaba fuera del dictamen de la legislatura pasada.
Asunto de salud y productividad
Los argumentos —además de que México se caracteriza por muchas horas de trabajo— van en torno a la reducción de la jornada laboral como una medida para elevar la productividad y mejorar la salud de los trabajadores.
Los legisladores exponen que el tiempo de trabajo que invierten los mexicanos no se refleja en mayores niveles de productividad, a diferencia de economías con jornadas más cortas.
Por otra parte, las propuestas también señalan que las jornadas extensas tienen un impacto en los niveles de estrés y enfermedades de la fuerza laboral.
La gradualidad fue una de las grandes demandas del sector privado durante los foros de parlamento abierto para analizar la primera propuesta que se presentó, y es también parte de la experiencia que han tenido otras economías que han avanzado en la disminución del tiempo de trabajo.
De hecho, la presidenta Claudia Sheinbaum ha puntualizado en diversas ocasiones que la semana de 40 horas será un proceso paulatino en su sexenio.
Además, la recomendación 116 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) también sugiere la gradualidad entre las directrices para reducir la jornada laboral, idealmente a 40 horas, y es un instrumento con una vigencia de poco más de 60 años.
En el caso de Chile y Colombia, últimos países en Latinoamérica en avanzar en una reducción del tiempo de trabajo, uno de los puntos en común es la gradualidad en la implementación.