Por Victor Barrera 
Con el objetivo de que las mujeres embarazadas en vulnerabilidad tengan derecho a recibir un subsidio de natalidad sin menoscabo del derecho a recibir otros apoyos que les correspondan, el diputado Fidel Daniel Chimal García (PAN) propuso reformar el artículo 4º la Constitución Política.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y que adiciona un último párrafo a dicho artículo de la Carta Magna, argumenta que una mujer embarazada puede encontrarse en un estado de alta vulnerabilidad o situaciones que afecten drásticamente su estado socioeconómico y salud, lo que puede poner en riesgo tanto su vida como la de su hijo o hija que está por nacer.Explica que el embarazo en condiciones de vulnerabilidad implica que tanto la madre como el bebé están expuestos a diversos riesgos antes y después del parto, los cuales pueden surgir en ámbitos sociales, familiares, económicos, educativos y emocionales, afectando negativamente la salud física y psicológica de ambos. Por ello, es fundamental proporcionar apoyos económicos que fomenten el cuidado de su salud y bienestar.
El documento precisa que actualmente no hay un apoyo suficiente del Estado para proteger este derecho fundamental. Menciona que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofrece incentivos de natalidad a sus derechohabientes, pero muchas mujeres en situación de vulnerabilidad y sin seguro social no tienen acceso a estos beneficios; además, solo aplica para aquellas que coticen ante dicha institución.
También, agrega, la Secretaría de Bienestar otorga un apoyo económico a mujeres en estado de vulnerabilidad de 2 mil 600 pesos bimestrales, en especial para aquellas que son jefas de familias, pero este programa no está implementado en todos los estados.
Resalta que en nuestro país todavía no se valora lo suficiente la importancia de las mujeres embarazadas, por lo que su cuidado es escaso; por ello, la protección de la maternidad deber ser una prioridad.
Ante la situación que viven muchas mujeres embarazadas que no tienen acceso a estos incentivos, sostiene, se debe establecer un apoyo económico destinado a garantizar el bienestar de la madre y el recién nacido, promoviendo así la igualdad de oportunidades que contribuirá al desarrollo integral de las familias mexicanas.
Dicho apoyo, añade, se debe extender a todas las embarazadas de escasos recursos, independientemente de su afiliación al IMSS, para promover la equidad y el desarrollo social.
La propuesta de reforma plantea establecer en sus artículos transitorios que la Secretaría de Bienestar emitirá las reglas de operación necesarias para la implementación del programa en un plazo no mayor a 90 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto.