Por Victor Barrera 
A fin de erradicar toda forma de corrupción en la administración pública, la diputada del Partido Verde, María del Carmen Pinete Vargas, propuso modificar la Ley General de Responsabilidades Administrativas para considerar como falta administrativa grave el uso de colores, símbolos o frases partidistas en bienes e instalaciones destinadas al servicio público.
Al presentar su propuesta para añadir un artículo 64 Quáter a la citada ley, la legisladora explicó que el servicio público, por su naturaleza misma, debe ser realizado desde la más pulcra imparcialidad, siendo los pilares del quehacer estatal, la objetividad, el ejercicio eficaz de los recursos públicos, y el derecho a la buena administración.
Pinete Vargas apuntó que el hacer uso de recursos públicos para fines de propaganda político-electoral, constituye una abierta contradicción al adecuado servicio público, pues, lejos de servir a la ciudadanía, quienes incurren en ello, se están sirviendo del recurso y las instituciones públicas.
“La cuestión es grave ya que, en el trasfondo de este frecuente acto, se encuentra un velado acto pro partidista, equiparable a un acto de campaña en tiempos electorales, a través del intento por inducir a la ciudadanía a simpatizar con el partido de origen de los gobiernos, administraciones y servidores públicos, que se encuentren ejerciendo el poder en cualquier municipio o entidad federativa”, afirmó la legisladora.
Resaltó que de acuerdo con lo que establece el artículo 134 constitucional, los recursos económicos de que dispongan la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
No obstante, señaló que estamos ante una ignorada responsabilidad administrativa, porque se trata de una propaganda disimulada, disfrazada de obra pública u obligación institucional pues esta práctica de utilizar los colores y símbolos partidistas en inmuebles destinados al servicio público, “carece de toda imparcialidad, y desde luego que también entraña una considerable influencia negativa en la equidad de la competencia electoral”.