Por Victor Barrera 
Poco después del mediodía, las familias arribaron al recinto por la calle Moneda, acompañados por representantes de los centros de Derechos Humanos «Miguel Agustín Pro Juárez», «La Montaña Tlachinollan» y Serapaz. La reunión fue convocada para las 13:00 horas con el objetivo de establecer una nueva agenda de trabajo en la búsqueda de justicia para los estudiantes desaparecidos hace más de 10 años en Iguala, Guerrero.
En una breve declaración previa al encuentro, el abogado Vidulfo Rosales, representante legal de las familias, destacó la necesidad de reconstruir el diálogo con el gobierno federal.
«Queremos que haya menos tensiones en estas conversaciones. Traemos una agenda clara de los temas que queremos abordar con esta nueva administración», señaló Rosales.
Cuando se le cuestionó sobre el cierre de relaciones con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, el abogado admitió que la relación no concluyó en buenos términos.
«No, no, no. Por eso es necesario retomar el diálogo, eso es lo principal para nosotros», subrayó.
Respecto a la posible modificación de la medida cautelar del exfiscal Gualberto Ramírez, acusado de desaparición forzada y tortura en el caso Ayotzinapa, Rosales expresó su postura en contra.
«No creemos que sea procedente la modificación de la medida cautelar. Sin embargo, hemos visto que los jueces han sido facciosos. Saliendo de la reunión les informaremos qué postura oficial vamos a presentar», comentó.
Este primer acercamiento con el nuevo gobierno representa una oportunidad crucial para las familias de los 43 normalistas en su lucha por la verdad y justicia.