Por Victor Barrera 
Por Víctor Barrera
Para que México logre un crecimiento mayor a 2.5 por ciento es necesario que existan leyes y políticas públicas que originen los incentivos suficientes para atraer inversión, que a su vez permita crear infraestructura requerida y adecuada para instalar plantas industriales que detonen el desarrollo económico y social de diferentes zonas del país.
Las leyes deben definir y garantizar los derechos privados de propiedad y básicos de la gente, que eviten la incertidumbre en el corto, mediano y largo plazo de las inversiones. Esto es, que cada inversionista tenga la seguridad que, durante su participación dentro del país, para generar riqueza, las reglas sean totalmente claras, que se garantice que en caso existir algún acto violatorio de los acuerdos o contratos se apliquen las sanciones correspondientes para resarcir esa conducta.
Esto significa que se tenga también la seguridad de que la ley se aplicará con imparcialidad sin que la decisión de un juez este sesgada por la influencia ideológica, o partidista, aun cuando la controversia sea en con el gobierno.
Sin embargo, hasta el momento las modificaciones legales y constitucionales que se han realizado en México no ofrecen una garantía de la actuación imparcial de quienes asuman en los próximos meses los puestos de decisión en el Poder Judicial. Esto se convierte en un elemento que inhibe la participación de inversionistas.
Si a esto sumamos que el gobierno no tendrá contrapesos, reales, para garantizar que las controversias sean analizadas y dictaminadas con imparcialidad, la incertidumbre para invertir en México será aún mayor.
Esto puede derivar en menor entrada de inversión, menor generación de empleos a cambio de un mayor mercado informal creando el problema de captación tributaria y por supuesto menor cantidad de recursos para invertir, de parte del gobierno, en servicios e infraestructura.
Si este gobierno sigue pensando que la transferencia directa de recursos seguirá siendo el motor del crecimiento del país, está en un grave error, porque estas transferencias tienen el límite de que, si no existe riqueza, no existe aumento en el monto de las transferencias, provocando menor crecimiento económico, que se supone es una de las principales tareas del poder ejecutivo en el país.