Por Victor Barrera 
La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, alertó que en el país se volvió una práctica generalizada violar la Constitución, desacatar órdenes judiciales y amenazar a juzgadores y ministros con denuncias penales y juicios políticos.
Al rendir su segundo informe de labores, que sería el último debido a que dejará su cargo el próximo 31 de agosto, la ministra presidenta advirtió que la reforma judicial se aprobó e implementó sin diagnóstico, por lo que sus consecuencias positivas o negativas se conocerán a futuro.
Aseveró que “se volvió una práctica generalizada violar abiertamente las suspensiones de los jueces federales en contravención de la Constitución; se volvió una práctica recurrente amenazar a jueces y ministros con denuncias penales y juicios políticos”.
La ministra Piña enlistó los tres sucesos por los que se calificó a la mayoría de ministros como “traidores, corruptos, aliados de la delincuencia organizada”: la anulación del pase de la Guardia Nacional al Ejército, la invalidación del decreto que califica como seguridad nacional a las megaobras de la llamada Cuarta Transformación y la cancelación del Plan B de reforma electoral, decisiones que se tomaron durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Los ministros que votaron en contra “de lo que el gobierno percibió como contrario a su proyecto político, fuimos acusados de traidores, corruptos, aliados de minorías rapaces y de la delincuencia organizada y de cuello blanco, e incluso se realizaron alegorías en ataúdes de algunos de nosotros. Todo ello por ejercer nuestra función como jueces y juezas constitucionales y de cara a la sociedad”.
Sin embargo, “cuando la Corte resolvía casos de forma que se percibía favorable al gobierno, dichas resoluciones se celebraban públicamente y, en estas ocasiones, se llamaba traidores a la patria y al pueblo a quienes habían promovido medios constitucionales de defensa para controvertir políticas, iniciativas o proyectos gubernamentales”, como en el caso en el que se dejó vigente la reforma a la industria eléctrica.
La presidenta de la Corte cuestionó cuál fue la conducta de los juzgadores que ameritó una “amenaza persecutoria y punitiva” por parte de actores políticos y se preguntó si fue “por resolver casos de formas que consideraron contrarias a sus deseos e intereses; por otorgar suspensiones y medidas cautelares que en el fondo se puede coincidir o no en su otorgamiento, pero que están previstas en la Ley de Amparo; por atrevernos a admitir medios de defensa -a los que estamos obligados por ley- interpuestos por minorías políticas o por personas que consideraron vulnerados sus derechos por actos de autoridad o por ejercer nuestra función deliberativa como tribunal constitucional”.
Manifestó que el Poder Judicial no se negó a una reforma e incluso presentó un diagnóstico, derivado de consultas a diversos sectores, sobre seguridad y justicia. “¿Dónde están las propuestas para remediar los profundos problemas de las instituciones policiales y las fiscalías, así como la atención a los millones de víctimas de delitos en México y quienes, por otra parte, viven el horror del sistema penitenciario?”, cuestionó.
Expresó que “se necesitaba una reforma, pero no podíamos caer en la salida fácil; el contexto tan complejo que se vive en México no se lo merece, y mucho menos, sus consecuencias, insisto: hoy impredecibles”. Consideró que “ninguna falla justifica la eliminación, de tajo, de la carrera judicial; menos aún, el establecimiento de un sistema que, según la experiencia comparada, no solo no abona a la impartición de justicia, sino que la politiza”.
Norma Piña dijo que espera que “la finalidad de esta reforma, por el bien de México, no consista en destruir, sino en construir un mejor sistema de protección de los derechos humanos; un mejor control de regularidad constitucionalidad; un mejor sistema de contrapesos entre los poderes del Estado, todo ello en beneficio de la sociedad y de nuestro país, pero esto solo se verá con el tiempo, que será cuando la reforma se podrá apreciar y evaluar en su totalidad”.
La presidenta de la Suprema Corte clausuró el segundo periodo de sesiones, que tendrá efectos al próximo 13 de diciembre, y convocó a los ministros a sesión hasta el próximo 6 de enero, en el contexto de la organización de la elección judicial por la que ocho integrantes del Alto Tribunal presentaron sus renuncias y dejarán sus cargos el próximo 31 de agosto.