Por Victor Barrera 
Por Víctor Barrera
Sin duda en una república federal, como nuestro país, existen problemas que se derivan de la forma en la cual se procuran los recursos a los integrantes de esta federación, los estados, y por ello las desigualdades siguen siendo una brecha importante que no ha encontrado una solución pronta.
En términos generales el norte del país sigue siendo la zona con mayor crecimiento económico, mientras que el sur, sigue presentando niveles altos de pobreza.
Cuando se trata de explicar el porqué de esto, siempre sale a relucir que no existen los recursos suficientes para apoyar el desarrollo de la zona sur del país. Sin embargo, el principal factor ha sido y sigue siendo la corrupción persistente en estos estados.
Cuando se hacen los presupuestos anuales, las fórmulas que se aplican para distribuir los recursos federales se basan principalmente en la densidad demográfica, es decir al número de habitantes, para luego tomar otros factores como son el nivel de pobreza y lo referente al desarrollo de infraestructura, de cada entidad.
Pese a ello la pobreza sigue persistiendo en la zona sur del país, en estados que durante muchos años siguen mostrando rezagos en todas las áreas, y aun cuando muchos de estos estados cuentan con riquezas naturales, su participación en el Producto Interno Bruto es mínimo.
Esto último, también es otro factor determinante para que cada entidad pueda recibir recursos presupuestales. Y si los gobiernos estatales y municipales no ponen mayor atención a recaudar los recursos que corresponden a fortalecer sus propias finanzas, aun cuando se les siga otorgando recursos federales, estos no alcanzarán para el desarrollo requerido en cada municipio o entidad estatal.
Esto se refleja principalmente en que la recaudación fiscal nacional apenas es de un nivel del 13 por ciento, una de las más baja de América Latina y el mundo, lo que explica por qué los recursos nunca alcanzaran para apoyar un desarrollo más equitativo
De acuerdo al Paquete Económico para 2025, los egresos gubernamentales nacionales se dividen en una transferencia a estados y municipios del 35 por ciento del total, al pago de pensiones se destina 18 por ciento, y servicio de la deuda 14 por ciento. Esto significa que, del total de recursos para erogar, el gobierno solamente puede dirigir 33 por ciento a conceptos discrecionales como son educación, salud, gasto social, seguridad e infraestructura.
De tal forma que la única solución es que quienes estén al frente de los gobiernos municipales y estales, realizasen de manera completa su trabajo y recauden el 100 por ciento que les corresponde y que deberán utilizar para el desarrollo de sus municipios y estados.
Es decir, la menor recaudación que se hace en municipios y estados corresponden a “compromiso” adquiridos por los gobernantes con algunos grupos y por ello no cobran esos impuestos locales. Si dejaran de hacer esto, la recaudación aumentaría a favor de la población que gobiernan y con ello las necesidades serian mínimas y su participación en el desarrollo de esos municipios y estados serian mayores.
Por el lado del gobierno federal, este deberá realizar modificaciones fiscales para aumentar la recaudación fiscal para evitar que la elusión y evasión del pago siga siendo un evento que siga disminuyendo los recursos para cumplir con sus obligaciones en cuantos a servicios que debe ofrecer.
El mayor hoyo fascal, radica en la gran cantidad de informalidad que persiste en todos los sectores, que no pagan los impuestos que todos realizan y mientras los gobiernos de los tres niveles sigan volteando la mirada para no “perjudicar” a quienes son potenciales electores, México seguirá sufriendo los mismos problemas.
Solo falta voluntad de parte de los gobiernos municipales, estatales y el federal para incrementar la recaudación fiscal, aumentando el padrón tributario y no solo concentrarse con el cautivo.