Por Victor Barrera 
Un juez de distrito impuso una multa de 108 mil 570 pesos a cada una de las consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), así como al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O y al titular de la Tesorería de la Federación, María Elvira Concheiro, por desacato a la suspensión definitiva que le otorgó a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED), mediante la cual ordenó frenar cualquier procedimiento relacionado con la reforma judicial.
Esta es la cuarta multa que se le impone a los integrantes del INE, quienes deben pagar 271 mil 425 pesos por cada uno.
En su escrito, la vocal ejecutiva de la Junta Local del INE refirió que sí ha cumplido con las medidas cautelares, toda vez que desde el 30 de septiembre y hasta el 19 de noviembre de este año, el Consejo General se abstuvo de emitir algún acuerdo para impulsar o continuar el proceso electoral extraordinario.
Al respecto, Sergio Santamaría Chamú, titular del Juzgado Primero de Distrito con residencia en Morelia, Michoacán, explicó que no existe ningún impedimento jurídico para que la autoridad electoral cumpla con el mandato judicial.
Agregó que, aún y cuando algunos de los actos reclamados participan de la materia electoral, ello resulta secundario, debido a que la impugnación de la JUFED está encaminada a combatir la inconstitucionalidad de una reforma a la Constitución, por lo que la suspensión del proceso electoral judicial no se vulnera el artículo 41 de la Constitución que establece que, en materia electoral, los medios de impugnación, constitucionales o legales, no producirán efectos suspensivos.
Por su parte, la citada directora general de Amparos Contra Leyes, en representación del secretario de Hacienda, argumentó que “existe una extralimitación” por parte del juez de distrito, ya que requirió realizar acciones que no formaron parte de la suspensión definitiva.
No obstante, Santamaría Chamú consideró que estas manifestaciones evidencian que las autoridades son renuentes en acatar los efectos de las medidas cautelares, motivo por el cual les impuso la multa y les dio un plazo de 48 horas para que den cumplimiento a la sentencia.
Asimismo, el impartidor de justicia ordenó a los Comités de Evaluación de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial suspender cualquier proceso vinculado con la elección de juzgadores y en caso de incurrir en desacató se dará vista a la Fiscalía General de la República (FGR), además de que se les impondrá una multa de 108 mil 570 pesos a cada uno de los integrantes de los tres Comités de Evaluación.