Por Victor Barrera 
El Gobierno de México, en colaboración con Estados Unidos, dio por cerrado el caso sobre presuntas violaciones a los derechos de asociación y negociación colectiva en la empresa Odisa Concrete Equipment, S.A. de C.V., ubicada en Atotonilco de Tula, Hidalgo. Este proceso se llevó a cabo bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) establecido en el Anexo 31-A del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) realizó una investigación exhaustiva en respuesta a las denuncias presentadas. Entre los principales hallazgos se destacan:
- Injerencia patronal: Se identificaron comentarios de personal de confianza sobre los efectos de una huelga y, en un caso, se brindó información falsa sobre la existencia de un sindicato en la empresa.
- Contrato Colectivo de Trabajo (CCT): Se comprobó que la revisión salarial firmada en febrero de 2024 con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metálica (SINATIM) no fue registrada ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL).
- Descuentos indebidos: Se aplicaron descuentos por concepto de cuotas sindicales a los trabajadores pese a que el CCT no había sido legitimado.
- Despidos por motivos sindicales: Se encontraron indicios de que uno de los despidos reportados estaba relacionado con actividades sindicales.
- Acusaciones sin sustento: No se encontró evidencia que respaldara las denuncias de acoso, hostigamiento, ni la negativa de acceso a las instalaciones a un sindicato.
Durante el periodo de investigación, Odisa, en coordinación con la STPS, llevó a cabo diversas medidas para corregir las irregularidades, incluyendo:
- Publicación y difusión de una carta de compromiso de neutralidad en asuntos sindicales.
- Capacitación al personal sobre los derechos de libertad de asociación y negociación colectiva.
- Reembolso de las cuotas sindicales descontadas indebidamente.
- Reinstalación de un trabajador y disposición para liquidar o reinstalar a otro conforme a la ley.
El 29 de noviembre de 2024, el nuevo CCT firmado con la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) fue aprobado por casi el 60% de los trabajadores mediante una votación supervisada por el CFCRL.
Tras las medidas implementadas, México y Estados Unidos concluyeron que las acciones realizadas solventaron las denuncias presentadas. Este caso ejemplifica la capacidad del T-MEC para resolver conflictos laborales y promover condiciones laborales más justas.